La morosidad récord de las familias forzó al Gobierno a blindar los vouchers educativos de los morosos

En el marco del agravamiento de la morosidad familiar en todo el país, el Gobierno modificó las condiciones del programa de vouchers educativos: la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso mediante la Resolución 505/2026 la suspensión durante todo 2026 de los artículos del reglamento que habilitaban la quita del beneficio a quienes acumularan cuotas impagas en colegios privados. De este modo, adeudar dos o incluso tres mensualidades ya no implicará ni la suspensión ni la cancelación del voucher, aunque las familias continúan obligadas a regularizar los pagos pendientes con cada institución.

La medida refleja un deterioro concreto en la capacidad de pago de los hogares: según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), el 11% de las familias registra actualmente atrasos en el pago de los aranceles escolares, frente al 7% del año anterior. Los fundamentos de la resolución reconocen expresamente la situación: la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa argumentó que suspender las sanciones era necesario para evitar que la continuidad educativa de los beneficiarios se viera interrumpida mientras el ciclo lectivo ya está en marcha.

El problema de fondo es de una magnitud sin precedentes: la capacidad de pago de las familias se deterioró de forma marcada y la morosidad se disparó en todos los segmentos. Según la consultora Equilibra, la mora del crédito al sector privado se quintuplicó en apenas 18 meses, pasando del 2% en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026. El golpe es considerablemente más duro para las personas físicas: mientras la mora corporativa se ubica en 3,5%, el incumplimiento de los hogares trepó al 16,1%, superando el récord anterior de mediados de 2019.

En el segmento de billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: la mora saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 29,6% en mayo de 2026, perforando el techo registrado durante la pandemia. El incumplimiento no se limita al crédito bancario. También viene creciendo el atraso en el pago de expensas, prepagas y cuotas de clubes, entre otros servicios.

En el caso de las expensas, la morosidad promedio del período se ubicó en torno al 17%, con un registro de 16,56% en mayo, el más bajo del año, según un relevamiento de la plataforma Octavo Piso sobre más de 200.000 unidades funcionales.

Según datos del Banco Central, existen actualmente 20,9 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente en el país, de las cuales alrededor de 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días.

Pese al cuadro de situación, el presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno no implementará ningún plan de asistencia para las familias que enfrentan dificultades para afrontar sus deudas, al definir el problema como una relación contractual entre particulares. En declaraciones a LN+, el mandatario cerró el tema con el argumento de que trasladar esa carga al Estado equivale a "pasarles la cuenta a todos los demás", y atribuyó la morosidad récord a lo que calificó como un efecto colateral de la gestión anterior.

En línea con esa postura, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el endeudamiento es "un tema entre privados" y que los deudores deben hacerse cargo de sus decisiones. Sin embargo, el propio Caputo admitió haber advertido a los bancos previamente sobre los riesgos de otorgar financiamiento con tasas elevadas en comparación con la evolución salarial. En ese contexto de tensión política y financiera, la decisión de sostener los vouchers educativos aparece como uno de los pocos gestos oficiales de alivio concreto hacia los hogares más vulnerables, aunque sin resolver de fondo la deuda acumulada que siguen arrastrando.