El Gobierno descarta tratar la derogación de la Ley del Libro tras una nueva derrota de Sturzenegger

La mesa política del Gobierno tomó la decisión de frenar el paquete desregulador de Sturzenegger, que incluía la derogación de la Ley del Libro, entre otros puntos que también afectaban a inmobiliarias y farmacias. La confirmación llegó esta semana y pone fin, al menos de manera temporaria, a semanas de alarma en el sector editorial argentino. Fuentes oficiales deslizaron que se decidió frenar el paquete desregulador que afectaba a esos sectores, y que el foco del Gobierno se corrió hacia otro grupo de proyectos, con el objetivo final de conseguir la reforma electoral y la suspensión de las PASO.

La intención oficial de derogar la Ley 25.542 —que desde 2001 establece un precio único para la venta de libros en todo el país— había reabierto un debate histórico dentro del sector editorial. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscaba que cada librería pudiera fijar libremente el precio de los ejemplares y aplicar descuentos sin las restricciones de la normativa vigente. El Gobierno argumentaba que la regulación funciona como un freno a la competencia, pero el sector rebatió punto por punto esa lectura y advirtió que la experiencia internacional demuestra lo contrario: donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron.

De acuerdo con fuentes oficiales, aunque la medida contaba con el respaldo del presidente Javier Milei y del Gabinete, y se alineaba con la agenda libertaria, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió que se tratara. De esta manera, Sturzenegger sufrió una nueva derrota parlamentaria. El contexto no podía ser más adverso para el ministro: la mesa política volvió a reunirse en Casa Rosada tras la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, que terminó con sabor a derrota porque el oficialismo tuvo que retirar dos capítulos centrales.

En las filas libertarias no descartan que el texto sufra importantes modificaciones para evitar generar tensiones con los aliados con temas que "no son trascendentales", y desde el Senado subrayan que, antes de enviar un proyecto, habrá una mirada más política de qué cosas se mandan.

El rechazo del sector editorial había sido unánime y sin fisuras. La Cámara Argentina del Libro indicó que "el precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad del país."

La Fundación El Libro, por su parte, advirtió que la desregulación del precio del libro no genera mayor competitividad, sino que desprotege a los eslabones más débiles de la cadena —libreros independientes, editoriales pequeñas y medianas, autores— y favorece la concentración, poniendo en riesgo real de cierre a cientos de espacios que dan vida a las ciudades. Además, señalaron que esta protección existe en países como Francia, Alemania, España, Italia, Japón y Corea del Sur, por lo que Argentina marcharía en dirección contraria al mundo.

En el Gobierno rechazan que el proyecto haya sido archivado definitivamente, y aseguran que "se va a avanzar". Otros funcionarios precisaron que el texto permanece en la Secretaría Legal y Técnica a la espera de la validación del filtro político antes de ser incluido en el temario parlamentario.

La hoja de ruta oficial prioriza cerrar primero las discusiones sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, la reforma electoral y el denominado Super-RIGI, evitando abrir nuevos frentes de conflicto con gobernadores e intendentes. El sector editorial, que nunca fue formalmente consultado durante la elaboración del proyecto, celebra el freno pero advierte que la amenaza no desapareció: el Gobierno dejó en claro que la desregulación del mercado del libro sigue en su agenda.