Milei avanza sobre el derecho a la salud de los migrantes: la nueva reglamentación que arancela hospitales nacionales para extranjeros

El gobierno de Javier Milei reglamentó el procedimiento para cobrar por la atención sanitaria a los extranjeros sin residencia permanente en los hospitales nacionales, a través de la Resolución 1066/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, que instrumenta los cambios que el DNU 366/2025 había introducido en la Ley de Migraciones.

Quienes no cuenten con seguro de salud deberán abonar el servicio antes de recibir la atención. La firma quedó a cargo del ministro Mario Lugones y, según el propio Ejecutivo, serán los hospitales los encargados de armar e implementar los mecanismos necesarios para aplicar el sistema y recuperar el costo de las prestaciones.

La norma establece dos circuitos diferenciados. Cuando el paciente cuente con un seguro de salud, el establecimiento deberá conformar el legajo correspondiente, notificar a la aseguradora dentro de las 24 horas y emitir la factura electrónica para el recupero de los costos.

La normativa establece, sin embargo, una excepción para las situaciones de emergencia: queda fuera del régimen de cobro toda prestación destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente. No obstante, el artículo 14 de la reglamentación establece que, una vez estabilizado el paciente, el hospital consolidará de inmediato los gastos generados desde el cese de la emergencia hasta el momento del alta clínica, procediéndose a la notificación formal de la deuda.

El problema es que la medida difícilmente resuelva un problema real de financiamiento sanitario: los propios datos disponibles desinflan el argumento oficial. En la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, la proporción de extranjeros que utiliza hospitales públicos no llega al 1%. Durante todo 2023, de casi un millón y medio de consultas médicas digitales registradas, apenas el 0,2% correspondió a personas extranjeras, una cifra que se repite año a año sin incrementarse.

Si se toman las internaciones, los datos son similares: del total de personas internadas en hospitales bonaerenses en 2023, solo el 0,8% correspondió a extranjeros no residentes. La brecha entre el impacto real de la medida y su estridencia política resulta difícil de ignorar.

El contexto en el que emerge la resolución tampoco es casual. Semanas después de denunciar una "campaña antiargentina" en redes sociales y avanzar con nuevas medidas migratorias, el gobierno de Milei reglament