Arrancó el juicio a "Pity" Álvarez por homicidio en Villa Lugano: silencio en el banquillo y sombra de abandono estatal

Ocho años después del crimen que conmocionó al barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano, el músico Cristian "Pity" Álvarez se sentó finalmente en el banquillo de los acusados. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 -integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro-, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados optó por el silencio, señalando que declarará "más adelante" en la causa donde se lo imputa por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido en la madrugada del 12 de julio de 2018.

La jornada inicial estuvo signada por la insistencia de la defensa oficial para suspender el debate oral, alegando que el imputado no posee las facultades mentales necesarias para afrontar el juicio. Sin embargo, el planteo fue rechazado tras la firme oposición del fiscal Sandro Abraldes, quien sostuvo que "dormirse o aburrirse no es jurídicamente equivalente a estar incapacitado", respaldándose en las recientes apariciones públicas del músico en recitales y entrevistas para demostrar su nivel de comprensión de la realidad.

Las claves judiciales de la primera audiencia

El inicio del proceso dejó al descubierto los trazos centrales de la estrategia defensiva y las determinaciones del tribunal respecto a los delitos imputados:

- El móvil del crimen y la lectura del expediente: ante la negativa a declarar, se dio lectura a las confesiones previas de Álvarez. En ellas, justificó el conflicto con la víctima por un presunto robo de dinero en un contexto de consumo de estupefacientes y relató haber entrado en un estado de descompensación y ansiedad previo a efectuar los cuatro disparos que terminaron con la vida de Díaz.

- Aparición pública vs. inimputabilidad: la fiscalía desacreditó la inimputabilidad presentada por los defensores recordando que el pasado 1° de agosto el músico brindó un show en el recinto The Roxy y mantiene actividad constante. El tribunal coincidió al señalar que el juzgamiento no representa un riesgo para su salud y que no se puede suspender un juicio indefinidamente por la negativa del acusado a realizar tratamientos terapéuticos.

Absolución por prescripción: por otra parte, Álvarez fue absuelto en una causa paralela por privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas contra su mánager y una amiga en 2016. Al haberse cumplido el plazo legal de seis años sin resolución, la acción penal quedó extinguida, marcando otra muestra de la lentitud burocrática del fuero penal porteño.

Un drama atravesado por la postergación en el sur de la Ciudad

El caso de "Pity" Álvarez excede el periplo penal de una figura del rock nacional: refleja la trágica intersección entre las adicciones severas, la tenencia ilegal de armas y la ausencia de contención estatal.

El barrio Samoré, enclavado en una Comuna 8 históricamente postergada tanto por la gestión del Gobierno porteño como por las políticas nacionales de salud pública, vuelve a ser el escenario de una tragedia que el Estado no supo prevenir ni abordar a tiempo a través de redes efectivas de salud mental y prevención comunitaria.

El desarrollo de este proceso judicial no solo juzga la responsabilidad individual de un homicidio a sangre fría en la vía pública, sino que pone en evidencia las grietas de un sistema institucional que actúa únicamente cuando la tragedia se consuma. La prescripción de expedientes por el paso del tiempo y la falta de dispositivos territoriales para atender consumos problemáticos en los conjuntos habitacionales del sur porteño exponen el desinterés político por garantizar la seguridad y la salud en los barrios populares.

El debate oral continuará con las declaraciones de testigos e informes periciales, en un intento por llevar reparación a la familia de Cristian Díaz, mientras la Ciudad sigue sin ofrecer respuestas de fondo a la vulnerabilidad estructural de sus márgenes.