La Justicia condiciona la salida del país de Manuel Adorni en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni atraviesa sus primeros días como exfuncionario con una restricción judicial que lo acompañará de ahora en adelante: el juez federal Ariel Lijo le ordenó que avise a la Justicia cada vez que pretenda salir del país, en el marco de la investigación que se sigue en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue adoptada a instancias de un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien si bien descartó la existencia de un peligro de fuga, consideró necesario que el exjefe de Gabinete notifique previamente cualquier viaje al exterior para que los tribunales evalúen "la pertinencia y razonabilidad" del desplazamiento. La decisión se conoce luego de que en las últimas horas circularan versiones sobre un posible traslado de Adorni a Uruguay, versiones que fuentes de su entorno salieron a desmentir.

El ahora exfuncionario presentó su renuncia indeclinable a la Jefatura de Gabinete el sábado pasado, acorralado por tres meses de escándalo en torno a su patrimonio. También dejó el directorio de YPF, donde había sido designado en enero. Su salida del Gobierno, sin embargo, no tiene efecto alguno sobre las causas penales que lo investigan: al no gozar de fueros —privilegio que la Constitución reserva únicamente a diputados y senadores—, Adorni sigue expuesto a la Justicia exactamente en el mismo estado procesal que antes de su dimisión.

La investigación, que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, puso la lupa sobre múltiples aspectos del patrimonio del exvocero presidencial. Entre los puntos bajo análisis figuran gastos corrientes realizados durante su gestión, algunos de ellos con tarjetas de crédito de sus secretarias; viajes dentro y fuera del país, incluyendo destinos como Punta del Este y Aruba en vuelos privados; la compra de propiedades en Buenos Aires; y las diferencias patrimoniales registradas en sus últimas declaraciones juradas.

Uno de los elementos que cobró especial relevancia en el expediente fue la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas estructurales en la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Ante la Justicia, Tabar afirmó haber recibido 245 mil dólares en efectivo por esos trabajos. Días después de la renuncia de Adorni, se difundieron mensajes de audio en los que el exfuncionario le ofrecía asistencia al constructor antes de que declarara ante la fiscalía: "Mati, querido, ¿qué hacés? [...] obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos", se lo escucha decir en uno de los registros.

El fiscal Pollicita ya había ordenado una serie de medidas de prueba el 25 de junio, dos días antes de la renuncia, y dio nuevas instrucciones a los contadores de la Procuración que revisan las cuentas del exfuncionario. Si los números no cierran, la fiscalía pedirá que Adorni sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial. Entre los pedidos de informes figuran requerimientos al country Indio Cuá —donde la propiedad figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti—, a ARCA y a las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash.

El escándalo había estallado el 8 de marzo, cuando trascendió que la esposa de Adorni había viajado a Nueva York en el avión presidencial. A partir de ahí, las revelaciones se sucedieron sin pausa: unas vacaciones en Punta del Este en un vuelo privado contratado por el periodista Marcelo Grandio —cuya productora mantiene contratos con la Televisión Pública—, una casa no declarada en el country Indio Cuá y la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. A esto se sumó el reconocimiento de que había omitido declarar 500 mil dólares obtenidos con inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

A través de un escrito presentado ante la Justicia, Adorni hizo saber que actualmente se encuentra en el país y que no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el futuro cercano. La medida restrictiva dictada por Lijo —que solo alcanza al exfuncionario y no a su esposa, también bajo investigación— aparece como el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria que podría formalizarse en los próximos días.