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- 21.07.2026
Poder Judicial
Avanza el traspaso de la Justicia del Trabajo en la Ciudad y hay fuertes dudas y cuestionamientos
El Consejo de la Magistratura de CABA formalizó el envío a la Legislatura porteña de un paquete de propuestas para cubrir 21 cargos estratégicos dentro del nuevo fuero del Trabajo local. El oficialismo acelera el traspaso de competencias para moldear una justicia del trabajo afín a las demandas corporativas y la desregulación económica.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó el envío a la Legislatura porteña de un paquete de propuestas para cubrir 21 cargos estratégicos dentro del nuevo fuero del Trabajo local. La medida, que marca el tramo decisivo en la transferencia de competencias desde el ámbito nacional, se fundamenta en los órdenes de mérito definitivos de los concursos públicos llevados a cabo durante 2025 y busca dotar de magistrados y funcionarios a una estructura judicial que el Ejecutivo porteño pretende poner en marcha en el corto plazo.
La documentación remitida al Parlamento de la Ciudad incluye las resoluciones aprobatorias de los concursos, los dictámenes de la Comisión de Selección de Jueces e integrantes del Ministerio Público, los antecedentes y los legajos personales de los postulantes.
Con estos elementos, la Legislatura deberá iniciar el trámite formal de audiencia e impugnaciones fijado por la Constitución de la Ciudad para la designación de jueces y miembros del Ministerio Público, en un recinto donde el bloque oficialista y sus aliados cuentan con los votos necesarios para convalidar las nóminas de manera expedita.
Los 16 nombres propuestos para los juzgados y la Cámara
El reparto de los cargos judiciales de decisión se divide en dos instancias clave, con nombres que provienen de los primeros puestos de los concursos aprobados:
- Juzgados de Primera Instancia del Trabajo (10 cargos): Para encabezar los tribunales de base, el Consejo propuso a María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
- Cámara de Apelaciones del Trabajo (6 cargos): En la instancia superior de revisión, encargada de fijar la doctrina del fuero, los postulados son Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau y Gabriela Inés Fernández.
Los 5 cargos para el Ministerio Público
Para completar el andamiaje institucional que requiere el funcionamiento del Fuero del Trabajo -integrado por juzgados, Cámara y los órganos de representación estatal y tutelar-, se enviaron los siguientes pliegos:
- Fiscalías: Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla fueron propuestas para las dos Fiscalías de Primera Instancia del Trabajo, mientras que Germán Helvio Queipo fue nominado para la Fiscalía de Cámara de Apelaciones.
- Asesorías Tutelares: Para la protección de derechos en Primera Instancia se nominó a Federico Kaimakamian Carrau, mientras que Damián Natalio Ariel Corti fue propuesto como asesor tutelar de Cámara.
Eficiencia procesal o alineamiento con el sector empleador
La aceleración en la tramitación de estos 21 pliegos expone la prioridad política del Gobierno de la Ciudad: consolidar un fuero laboral propio que responda a la agenda de desregulación y contención de la litigiosidad promovida tanto por la sede gubernamental de Uspallata como por la Casa Rosada.
Mientras el discurso oficial presenta esta ingeniería judicial como un salto en la autonomía porteña, diversos analistas del derecho laboral y sectores gremiales advierten que la estructuración desde cero de este fuero -con jueces y fiscales seleccionados bajo el clima político actual- busca distanciar los fallos de la tradición fuertemente garantista que históricamente caracterizó a la Justicia Nacional del Trabajo.
De este modo, la asignación de recursos públicos para sostener la plantilla salarial y la infraestructura de estas nuevas dependencias parece orientarse más a reducir los costos operativos e indemnizatorios de las empresas que a garantizar una tutela judicial efectiva para los trabajadores del distrito.
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