El segundo cuatrimestre universitario arranca con nuevas medidas de fuerza por el incumplimiento de la ley de financiamiento

El inicio del segundo cuatrimestre en las universidades públicas se produce en un clima de conflicto renovado. A pesar de un reciente fallo judicial que confirma la vigencia de la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios del sector denuncian que el Gobierno no ha dado pasos concretos para transferir los recursos ni actualizar los salarios según lo dispuesto. Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), resumió el escenario como “pésimo” y advirtió que la administración nacional continúa incumpliendo lo que la Corte Suprema le ordenó.

Durante la semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la cautelar luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó a la Justicia que intime al Gobierno a ejecutar la medida en un plazo de cinco días. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, señaló que no se han transferido los recursos previstos para los hospitales universitarios ni se incrementó la cuota de gastos de funcionamiento, lo que agrava las dificultades operativas de las casas de estudio.

En ese marco, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) convocaron a un paro nacional para el miércoles 12 de agosto. Conadu Histórica, por su parte, resolvió una semana de paro a partir del martes 18. Este lunes se reúne el plenario de Conadu para definir los próximos pasos, luego de consultas y asambleas en todo el país. El Ministerio de Capital Humano respondió que el Gobierno está cumpliendo su parte, que las negociaciones siguen vigentes y que la medida de fuerza resulta “prematura”.

El conflicto se arrastra desde la sanción de la Ley 27.795, en agosto de 2025. La norma fue vetada, ratificada por el Congreso y luego suspendida por decreto. Un acuerdo parcial firmado en junio entre el CIN, algunas federaciones y el Ejecutivo contempló una recomposición salarial del 21%, muy por debajo del 54% que, según los gremios, establece la ley. Dirigentes sindicales aseguran que ese aumento resultó insuficiente y que el desfinanciamiento se extiende a becas e infraestructura. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de mayo pasado indicó que casi el 85% de los docentes universitarios percibía salarios por debajo de la línea de pobreza, con una caída del salario real del 34,2% entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Mientras la Justicia debe resolver pedidos del Ejecutivo para anular la cautelar y los gremios preparan las medidas de fuerza, el segundo cuatrimestre arranca con la tensión intacta entre las universidades y el Gobierno nacional.