El Senado debate mañana la reforma que abre el territorio nacional al capital extranjero, con masiva resistencia en las calles

El Senado argentino votará el jueves 6 de agosto una de las reformas más sensibles impulsadas por el gobierno de Javier Milei: la modificación de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que amplía las posibilidades de adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras. Entre los aspectos centrales de la iniciativa figura la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana.

El debate llega en un clima de movilización creciente y, según la oposición, con la soberanía territorial en el centro de la disputa. La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocaron a una movilización frente al Congreso para el mismo día en que el Senado debate la reforma. Organizaciones sociales, ambientales, campesinas, indígenas y de derechos humanos de todo el país se declararon en estado de alerta y movilización, y se sumarán a protestas en simultáneo en distintas provincias.

La Plaza de los Dos Congresos volverá a ser escenario de la manifestación central, bajo el rechazo al proyecto que los convocantes denominan directamente "ley de extranjerización de la tierra argentina".

La iniciativa vuelve al recinto después de cuatro intentos fallidos de tratamiento.

En lo que será la quinta oportunidad en que Patricia Bullrich intente darle media sanción, el oficialismo asegura que esta vez tiene los votos para avanzar. Sin embargo, la resistencia no se limita al campo sindical ni a la oposición legislativa: una encuesta de la consultora Zuban Córdoba mostró que el 77% de los argentinos respalda mantener los límites a la compra de tierras por extranjeros, frente a un 16,7% que se manifiesta en contra.

La comunidad científica también tomó posición. El Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET advirtió que la eliminación de los límites nacionales podría favorecer una mayor concentración, aumentar el valor de los campos y dificultar el acceso a la tierra para productores locales, comunidades campesinas y pueblos originarios, al tiempo que cuestionó que la regulación quede fragmentada entre las provincias y desaparezcan los controles nacionales sobre inmuebles vinculados con ríos, lagos y otras fuentes de agua.