Macri atacó a una jueza por aplicar la Constitución y anunció su juicio político

Jorge Macri salió públicamente al cruce de la jueza Laura De Marinis, del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad, después de que la magistrada declarara inconstitucional la aplicación de un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años imputado por un intento de robo. El jefe de Gobierno anunció que pedirá su juicio político.

La causa se originó el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes habría intentado sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años; la Fiscalía calificó el hecho como tentativa de robo. El fallo tuvo como consecuencia el sobreseimiento del menor, a quien la jueza consideró no punible en ese expediente, aunque la resolución no implica la suspensión general del Régimen Penal Juvenil en la Ciudad ni alcanza al conjunto de causas en las que pueda aplicarse la normativa: se trata de una decisión acotada al caso analizado por la magistrada.

Lejos de limitarse a cuestionar el fallo en términos jurídicos, Macri calificó la resolución de "barbaridad" y "aberración", y cuestionó que la jueza haya considerado la situación de vulnerabilidad y las posibles adicciones del adolescente como argumentos para no aplicar la pena, cuando —según su lectura— esas mismas circunstancias deberían traducirse en medidas de protección.

También acusó a la magistrada de tener un "sesgo político" y de buscar notoriedad mediante una postura garantista. El patrón de la embestida resulta llamativo: en lugar de apelar el fallo por las vías procesales disponibles, el mandatario eligió la red social como tribuna y el lenguaje de la indignación como herramienta.

En su resolución, De Marinis sostuvo que la intervención del sistema penal debe ser la última herramienta disponible y no la primera respuesta ante situaciones de exclusión o vulnerabilidad, y que aplicar la nueva legislación al caso concreto implicaba un retroceso en materia de derechos de niños y adolescentes. La propia magistrada aclaró, no obstante, que la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos generales sobre la ley.

El planteo de inconstitucionalidad había sido presentado por la Defensa Oficial y acompañado por la Asesoría Tutelar. Es decir, De Marinis resolvió dentro de los márgenes institucionales que habilita el sistema judicial, algo que las declaraciones de Macri omitieron mencionar.

La Ley 27.801, sancionada en febrero y vigente desde el 5 de septiembre de 2026, establece el nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos del Código Penal o leyes especiales.

Se trata del segundo fallo contra la nueva ley, después de que la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual declarara la suspensión del régimen en la provincia de Buenos Aires, decisión que luego fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La reiteración de cuestionamientos judiciales a la norma, en distintos fueros y jurisdicciones, sugiere que la polémica constitucional está lejos de resolverse con golpes de efecto en redes sociales.

Macri anunció que instruyó al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, para avanzar en el pedido de juicio político, y que el Gobierno porteño apelará el fallo. El anuncio de destitución contra una jueza que ejerció una atribución constitucionalmente reconocida —el control de constitucionalidad— plantea una tensión inquietante entre el poder político y la independencia del Poder Judicial: difícilmente contribuya al debate de fondo sobre cómo el Estado debe abordar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.