El operativo de seguridad de la Ciudad para Argentina-Inglaterra reedita la lógica represiva de los festejos anteriores

La cuenta regresiva para el partido que definirá al finalista del Mundial 2026 encontró esta mañana a la Ciudad de Buenos Aires blindada. El Obelisco amaneció rodeado por un vallado perimetral que, según confirmaron desde el Gobierno porteño, se extenderá desde la avenida Corrientes entre Libertad y Cerrito, y entre Pelegrini y Suipacha, además de la Diagonal Norte entre Cerrito y Libertad. No es el único cerco: paneles fenólicos resguardan el monumento, y el Centro de Monitoreo Urbano opera con relevamiento en tiempo real mientras se prevén cortes de tránsito para el horario en que el partido finalice, alrededor de las 18.

El operativo, coordinado por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y la titular de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, movilizará entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad en la zona del Obelisco. A ellos se sumarán 300 agentes de la Policía Federal en las inmediaciones de la Embajada de Reino Unido. La ministra Monteoliva justificó el despliegue en la "hora crítica" del regreso de los trabajadores a sus hogares y en la tradición multitudinaria del Obelisco como punto de concentración. Sin embargo, lo que el discurso oficial presenta como un operativo de "prevención" choca frontalmente con lo ocurrido apenas días atrás.

Durante los festejos por el triunfo ante Suiza, la Policía de la Ciudad desplegó un show represivo que incluyó camiones hidrantes, gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma contra una multitud que, en su mayoría, estaba compuesta por familias, niños y jóvenes que celebraban pacíficamente. El saldo fue de al menos 13 detenidos y decenas de personas asistidas por el SAME. Pero el dato más alarmante es el de J.F., un adolescente de 17 años que recibió un balazo de goma en el párpado derecho mientras se retiraba del lugar junto a sus amigos. "Medio centímetro más abajo y perdía el ojo", denunció su padre en diálogo con Tiempo Argentino. El joven no había tenido ninguna interacción con la fuerza; simplemente estaba sentado en una de las entradas del subte cuando el operativo de "desalojo" comenzó.

No fue un hecho aislado. En los festejos por la clasificación a cuartos de final, los incidentes también dejaron decenas de detenidos y un operativo que, según denuncias, avanzó sobre vendedores ambulantes y carritos de comida instalados en la avenida. La lógica se repite: el festejo popular es abordado como un problema de orden público, y la respuesta del Estado no es la facilitación del derecho a la celebración sino el cerco, el vallado y la disuasión por la fuerza.

El malestar ya llegó a la Legislatura porteña. El diputado Federico Mochi, de Fuerza por Buenos Aires, presentó un proyecto de resolución que exige al jefe de Gobierno, Jorge Macri, información detallada sobre el operativo del 12 de julio: cantidad de efectivos, cadena de mando, costo total —incluyendo horas extras, combustible, municiones y agentes químicos— y el número de detenidos. El legislador sostiene que el accionar policial plantea "interrogantes sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza" y apunta a determinar si la actuación se ajustó al marco normativo.

Mientras tanto, el Operativo Obelisco para la semifinal ante Inglaterra se presenta con un refuerzo de efectivos —más de 700, contra los 400 que intervinieron en celebraciones anteriores— y un vallado que cercará el principal símbolo de la ciudad. El mensaje oficial es claro: se anticipa el desborde y se responde con blindaje. Pero lo que queda en evidencia es una concepción de la seguridad que, lejos de proteger a quienes celebran, los convierte en potenciales blancos de un aparato represivo que ya ha dejado heridos y detenidos en su camino.

La pregunta que atraviesa las redes sociales y los pasillos de la Legislatura es inevitable: ¿cuántos vallados más, cuántos efectivos más y cuántas balas de goma harán falta para que el derecho a festejar deje de ser tratado como una amenaza?