La Legislatura exige explicaciones a Jorge Macri por la represión en el operativo policial en los festejos mundialistas

Lo que debía ser una noche de celebración por el triunfo de la Selección Argentina derivó en corridas, detenidos y heridos en el Obelisco. Un proyecto de resolución presentado en la Legislatura porteña solicita al Gobierno de la Ciudad que informe sobre el operativo desplegado por la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Obelisco y la avenida 9 de Julio durante la madrugada del 12 de julio, en el marco de los festejos por la victoria de la Selección Argentina.

La iniciativa, impulsada por el legislador Federico Mochi, requiere que el Poder Ejecutivo responda, en un plazo de 30 días, distintos aspectos vinculados al despliegue policial, el uso de la fuerza y las detenciones que se produjeron durante el operativo.

En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que la concentración se produjo de manera espontánea para celebrar el triunfo de la Selección Argentina y afirma que durante el operativo policial se utilizaron camiones hidrantes, gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma, lo que derivó en personas detenidas, heridos y corridas.

El cuadro que describe Mochi es el de una fuerza policial que respondió con recursos desproporcionados a una celebración popular masiva y espontánea -el tipo de concentración que se repite en la Ciudad cada vez que la Selección gana un partido importante- y que lo hizo sin que, hasta ahora, el Gobierno porteño haya dado ninguna explicación pública sobre las órdenes impartidas ni los criterios aplicados.

De hecho, el propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, usó sus redes sociales para hablar de "locura por Argentina" cuando a emojis mundiales de celebración y acompañar el posteo con imágenes de los festejos desde drones. Todo mientras su fuerza de seguridad reprimía esos festejos. 
 
Las preguntas que el GCBA deberá responder

El pedido de informes es detallado y apunta a todos los eslabones del operativo. Entre otros puntos, el proyecto solicita que se informe la cantidad de efectivos afectados al procedimiento, desagregados por categoría y dependencia, así como la autoridad que estuvo a cargo del operativo y la cadena de mando que dispuso su realización.

También pide precisiones sobre el costo total del operativo, incluyendo el gasto en horas extraordinarias, combustible, logística, municiones, agentes químicos y otros conceptos, además de identificar la partida presupuestaria utilizada para financiar esas erogaciones.

Sobre el armamento desplegado, el proyecto solicita que el Ejecutivo informe si durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma u otros elementos similares y, en caso afirmativo, bajo qué protocolo fueron autorizados, qué cantidad de munición se empleó y de qué manera se efectuaron los disparos.

Uno de los puntos más sensibles del pedido apunta a la posible participación de efectivos fuera de uniforme: la iniciativa consulta si participaron efectivos sin uniforme en tareas de dispersión o detención y bajo qué protocolos actuaron.

El proyecto también requiere un detalle de las detenciones realizadas, incluyendo para cada caso el lugar, fecha y hora, las circunstancias del arresto, el sumario correspondiente, la intervención judicial y si se dio participación a la defensa oficial.

Finalmente, en caso de haberse aplicado criterios distintos a los previstos en los protocolos vigentes sobre el uso de la fuerza, el Gobierno porteño deberá fundamentar esa decisión y remitir las órdenes de servicio, instrucciones o actos administrativos correspondientes.

El autor del pedido de informes considera que el accionar policial plantea interrogantes sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza, la cadena de mando y las órdenes impartidas durante el procedimiento.

La pregunta de fondo es política además de institucional: ¿quién ordenó usar lacrimógenos, hidrantes y balas de goma contra una multitud que festejaba un triunfo de la Selección? El GCBA no salió a explicarlo de manera espontánea. Fue necesario un pedido de informes para intentar obtener una respuesta. Y esa respuesta, si llega, llegará en treinta días -cuando el Mundial haya avanzado, la euforia se haya disipado y la memoria del episodio esté más borrosa en la agenda pública-.