Monteoliva defendió la prohibición de banderas de Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La semifinal fue catalogada como un encuentro de “alto riesgo” por la histórica rivalidad deportiva y el trasfondo político del conflicto bélico de 1982. Monteoliva confirmó que no se permitirá el ingreso de banderas, camisetas ni carteles con referencias a las Malvinas, al considerarse mensajes políticos según la normativa de la FIFA. El operativo de seguridad contará con más de 1.600 efectivos, además de agentes internacionales y seguridad privada, con ingresos diferenciados para ambas hinchadas. 

La ministra explicó que la decisión fue consensuada en reuniones con el FBI, la FIFA y autoridades británicas, con el objetivo de evitar incidentes entre simpatizantes. Aclaró que la restricción no alcanza a los cánticos, aunque sí a cualquier objeto con mensajes políticos, raciales o religiosos. También recordó que se aplicará el derecho de admisión a quienes intenten eludir los controles y que se entregó a las autoridades estadounidenses un listado de más de 33.000 personas con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos. 

La medida desató críticas inmediatas. Dirigentes de La Cámpora, el radicalismo y otros sectores del peronismo denunciaron que prohibir las banderas de Malvinas equivale a negar la soberanía argentina. La diputada Paula Penacca sostuvo que “prohibir el ingreso de la bandera de Malvinas es prohibir el ingreso de la bandera de Argentina”, mientras que el radical Pablo Juliano acusó al Gobierno de ser “fanático de Margaret Thatcher”. 

En paralelo, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó bajar la tensión, reiterando que “las Malvinas son argentinas” y asegurando que las declaraciones de Javier Milei sobre su admiración por Thatcher fueron sacadas de contexto. 

La prohibición de símbolos vinculados a las Malvinas en un partido que enfrenta a Argentina e Inglaterra expone la tensión entre las exigencias de seguridad internacional y el reclamo histórico de soberanía. Mientras el Gobierno defiende la medida como preventiva, la oposición y gran parte de la sociedad la interpretan como una concesión que afecta la identidad nacional.