Buenos Aires fijó servicios mínimos en transporte y recolección limitando los paros

El gobierno porteño dispuso que subtes, colectivos y el servicio de recolección de residuos deberán garantizar niveles mínimos de funcionamiento en jornadas de huelga. La medida, firmada por Jorge Macri, se apoya en la Ley de Modernización Laboral y busca evitar la paralización total de actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental.



El decreto 230/2026 establece que la recolección de residuos, catalogada como servicio esencial, deberá mantener al menos el 75% de su operatividad durante los paros. En el caso del transporte público —subtes, Premetro y colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad— se fijó un piso del 50% de la prestación habitual, aplicable línea por línea. La empresa estatal SBASE y la concesionaria Emova Movilidad S.A. tendrán que coordinar la circulación de formaciones para cumplir con la norma, mientras que la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña fue instruida para convocar a las partes y garantizar su implementación.

La decisión se enmarca en las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que redefinió qué actividades deben sostener un nivel mínimo de funcionamiento en caso de conflicto gremial. Con la transferencia de competencias sobre las líneas de colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad, el gobierno porteño asumió la potestad de regular y fiscalizar el cumplimiento de estos porcentajes.

Jorge Macri defendió la medida como un paso para reducir el impacto de los paros en la vida cotidiana de millones de usuarios. “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”, afirmó en sus redes sociales. El decreto, según el jefe de Gobierno, busca garantizar que la movilidad y la higiene urbana no queden completamente paralizadas por conflictos gremiales.

La resolución abre un nuevo capítulo en la relación entre las autoridades y los sindicatos del transporte y la higiene urbana. Mientras el Ejecutivo porteño sostiene que la medida protege derechos básicos de los ciudadanos, ya se anticipan debates sobre su impacto en el ejercicio del derecho a huelga y en la negociación colectiva.

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