Detienen a Georgina Orellano tras el reclamo de justicia por el asesinato de una compañera en Constitución

En las últimas horas, la dirigente Georgina Orellano, figura central del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR), continúa detenida en dependencias judiciales junto a las activistas Estrella Sangama y Victoria Arriondo. Las tres fueron arrestadas en el barrio porteño de Constitución durante la noche del miércoles, en el marco de reclamos por el asesinato de Rachell, una trabajadora sexual trans y migrante cuyo cuerpo fue hallado en circunstancias que sus compañeras exigen esclarecer de inmediato.

La acción que precedió a las detenciones consistió en una intervención pública en la que las trabajadoras encendieron velas y reclamaron respuestas concretas por la muerte de Rachell. Según relatos de la organización, Orellano fue interceptada por efectivos policiales al llegar a su domicilio, mientras que las otras dos fueron detenidas en las inmediaciones. El operativo involucró varios patrulleros y generó fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y proporcionalidad.

Las imputaciones recaen sobre los delitos de daño agravado e incendio, aunque desde AMMAR sostienen que se trata de una respuesta desmedida a la visibilización de la violencia que afronta el colectivo. Las detenciones se produjeron en un contexto de denuncias reiteradas sobre operativos diarios en Constitución, que incluyen persecuciones, requisas violentas y confiscaciones de dinero a las trabajadoras que ejercen en la zona.

La muerte de Rachell generó una profunda conmoción entre las trabajadoras sexuales de la ciudad. Sus compañeras y diversas organizaciones sociales destacan la necesidad de una investigación exhaustiva que determine las causas del hecho y garantice el derecho a la seguridad y al ejercicio de sus actividades sin violencia institucional. Orellano, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la estigmatización y la criminalización de este sector.

Hasta el momento, las tres mujeres permanecen en la sede del Ministerio Público Fiscal a la espera de definiciones judiciales. Distintas voces del campo sindical y de derechos humanos han exigido su liberación inmediata, alertando sobre un patrón de persecución que se intensificaría en los últimos tiempos en barrios como Constitución. El caso pone en evidencia las tensiones persistentes entre las fuerzas de seguridad y los colectivos que reclaman reconocimiento y protección para las trabajadoras sexuales en la Argentina.