Un freno a los desalojos

Y por fin alguien le dijo basta a algo que se había vuelto natural: la crueldad con la que el Gobierno porteño festeja cada desalojo, hasta con un contador de propiedades “liberadas” de seres humanos, sin dar muchas precisiones de cuál es el destino en el que terminan esas personas y esas infancias (si es directamente engrosar los números subregistrados por CABA de personas en situación de calle, si van a un barrio popular o si son hacinados en alguna otra casa). Cuando el Gobierno de Jorge Macri festeja un desalojo está diciendo una sola cosa: la propiedad, la propiedad ante todo, la propiedad sobre los seres humanos. De hecho, el dato que más comparten es el de los propietarios contentos de haber recuperado su departamento ocupado.  Ante esto, alguien puso un poco de cordura: un juez de la Ciudad ordenó frenar los desalojos que no sean por motivos de seguridad para los habitantes. Y advirtió que las cuestiones de propiedad y emergencia habitacional requieren un trabajo más complejo que simplemente sacar gente con la policía sin ton ni son.

Voy a empezar por una historia de mi barrio: hace poco, a la vuelta hubo un desalojo. Sacaron cualquier cantidad de familias. El operativo duró un día entero y la policía tuvo cortada toda la cuadra. No se podía llegar ni a los comercios que estaban cerca (los comerciantes, no muy felices). Las personas expulsadas, con muchos niños y niñas, terminaron subiendo sus cosas a algunos autos destartalados que aparecieron para la ocasión y se fueron con destino incierto. Luego vinieron unos albañiles con uniforme porteño y tapiaron las puertas de la casa con ladrillos. Así sigue: desocupada. Y acá viene una pregunta para ustedes, queridos lectores: ¿cuál es el sentido de una propiedad si no es ser habitada? Esa casa probablemente permanezca vacía por mucho tiempo. El Estado tomó una casa con gente y dejó una casa para la especulación inmobiliaria.

Y acá entra a jugar el fallo que firmó el juez Andrés Gallardo, que ordenó frenar los desalojos de viviendas, salvo si existe peligro de derrumbe y una solución habitacional disponible. Fijense la complejidad del tema: en el caso de mi barrio, alegaron que había peligro para los habitantes. Así que se cumplía una de las características. Pero hasta donde pude averiguar, no hubo ninguna solución habitacional. Contraste inmediato: el caso de Parque Patricios, donde hubo que desalojar por un peligro inmediato y les dieron habitaciones de hotel (de las que se quejaron por las pésimas condiciones, es verdad, pero no los dejaron en la calle).

Gallardo recibió una denuncia de los legisladores peronistas Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra (este último, un representante de los barrios populares, y uno de los que más viene trabajando para frenar los desalojos con una mirada social). El juez ordenó al Gobierno porteño que "se abstenga de adoptar o ejecutar" desalojos "sin cumplir previamente con los recaudos mínimos" establecidos por el juez. Que tampoco son tantos: darles otro lugar donde vivir. No dejarlos a gamba. Vamos, que es algo de sentido común.

El juez Gallardo dispuso que en caso de que el desalojo sea imperativo por "seguridad edilicia, salubridad o riesgo constructivo", el Gobierno porteño deberá "arbitrar una respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado".

El juez se tomó el trabajo de hacer un estudio de las causas que existen sobre desalojos y descubrió que bajo la aparente intención de salvar gente de posibles derrumbes, se ocultaba una política de Estado que se resume en echemos a todo el que podamos echar. En los casos que auditó, dice el juez, el Gobierno porteño “no relevó a los ocupantes, no identificó personas vulnerables, no previó una respuesta habitacional, no inventarió bienes ni previó un mecanismo de retiro y restitución de pertenencias”.

Los legisladores opositores denunciaron, de hecho,  que la gestión PRO "viene manipulando trámites administrativos para llevar adelante desalojos y dejar a cientos de familias en la calle". "No puede haber desalojos sin intervención del Poder Judicial y la plena garantía de derechos para las personas. Dejarlas sin techo no es una opción: el GCBA tiene que adecuarse a la ley", remarcó Salvatierra.

Mientras tanto, el Gobierno porteño festejó su desalojo número 800, en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, en Floresta. Según el Gobierno porteño, “estaba usurpada desde hacía ocho años. Los ocupantes dejaron de pagar el alquiler en 2022, pero se negaban a irse”. A la calle. "Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así", dijo Jorge Macri, que se reunió con las dueñas de la casa para celebrar. Como les decía: tratar de delincuentes a los ocupantes, y la propiedad sobre la vida. El propio gobierno ya calcula que desalojó propiedades por un valor de 400 millones de dólares.

En palabras del juez Gallardo, “las categorías de delincuente o malviviente no pueden sustituir una decisión judicial, ni pueden ser utilizadas para reducir las garantías de quienes son alcanzados por una medida administrativa”. Más cuando las personas alcanzadas –advierte el magistrado- registran múltiples grados de vulnerabilidad social y económica. Dice el juez también sobre el contador de desalojos: “Cuanto más enfáticamente se celebra la devolución de propiedades a terceros, más rigurosa debe ser la verificación de que la potestad de la policía edilicia no haya sido utilizada para alcanzar, por vía oblicua, un resultado posesorio”. Es decir, ¿en cuántas disputas por propiedades el Gobierno porteño se está metiendo sin saber a quién le deja después esa casa?

El viernes pasado  hubo, además, una manifestación de la Coordinadora contra los desalojos y por la vivienda. Se llamó la “Marcha de las Escobas contra los desalojos y por vivienda digna”. Advirtieron que a la crisis habitacional no se resuelve con criminalización y represión.  Advirtieron que los alquileres subieron 400 por ciento en los últimos años, que ya la cantidad de gente en situación de calle supera las 12 mil personas solo en CABA, de las cuales 1300 son infancias. ¿Por qué escobas? Por la huelga de inquilinos de 1907, donde las mujeres porteñas enfrentaron las malas condiciones de los conventillos y los alquileres usuarios.