- Judiciales
- 10.06.2026
Manuel Adorni y su esposa se acogen al régimen de "inocencia fiscal" en medio de la investigación por su patrimonio
En un hecho que disparó nuevas acusaciones de doble discurso, Manuel Adorni y Bettina Angeletti inscribieron su adhesión al mecanismo de sinceramiento tributario mientras enfrentan una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y gastos por más de $85 millones con tarjetas de crédito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizó este martes uno de los escándalos políticos más sonoros de los últimos meses en el gobierno de Javier Milei. Adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti decidieron acogerse al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que cuestiona el origen de sus fondos y el crecimiento de su patrimonio. La maniobra fiscal, que se produce días antes de que el funcionario presente su declaración jurada patrimonial 2025, disparó acusaciones de doble discurso por parte de la oposición y guardan chocante contraste con el discurso de austeridad y transparencia que Adorni ha promovido como vocero oficial.
El régimen al que se inscribió Angeletti permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, dentro del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal, según revelaron Infobae y La Nación. La esposa de Adorni registró su adhesión el 31 de mayo para el período fiscal 2025, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La constancia oficial, vigente hasta el 9 de julio, no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados, información que permanece bajo secreto fiscal.
La situación judicial que enfrenta la pareja es el núcleo de la polemica. Angeletti es investigada por el juez Ariel Lijo por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que Adorni enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores judiciales ya han acreditado movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque sospechan que podría haber más activos digitales no registrados a su nombre. Para los fiscales, la adhesión al régimen abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, según reconstruyó la información disponible.
El escándalo político adquiere dimensiones particulares por los gastos que la familia Adorni registró con tarjetas de crédito durante 2025. Se conocen consumos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito durante el año, cuando el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y Angeletti figuraba como monotributista. El promedio de consumos registrados fue de $7,1 millones por mes, cifra que supera por más del doble el ingreso mensual del jefe de Gabinete. Además, la Justicia investiga gastos por más de US$27.658 en viajes al exterior.
La tensión narrativa entre discurso y realidad es evidente. Adorni ha sido vocero central de la administración de Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad, lo que genera una contradicción flagrante entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario. La oposición ya ha comenzado a exigir explicaciones sobre el origen de los fondos y a cuestionar la legitimidad de la maniobra fiscal.
El jefe de Gabinete tendrá que explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas. Si recibe el requerimiento de justificación patrimonial, Adorni deberá explicar de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito adquirido por US$30.000 en efectivo con una hipoteca sin intereses de US$200.000, y una casa de country en Exaltación de la Cruz por US$120.000, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de US$335.000 con distintos acreedores.
La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato hacia la justificación judicial. El jefe de Gabinete tiene lista la declaración y en su entorno prometen que su presentación será inminente, probablemente antes del 15 de junio. La revisión financiera preparada por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio, momento en que Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.
La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de US$7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia, comprobante que aún no ha sido presentado.
La maniobra fiscal de Adorni y su esposa marca un punto crítico en la relación entre el gobierno de Milei y la oposición, y abre interrogantes sobre la capacidad del jefe de Gabinete para continuar en su cargo mientras enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito. El escándalo refleja las tensiones internas del gobierno en materia de transparencia y plantea dudas sobre la consistencia entre el discurso de austeridad y las prácticas reales de los funcionarios más cercanos al presidente.
El régimen al que se inscribió Angeletti permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, dentro del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal, según revelaron Infobae y La Nación. La esposa de Adorni registró su adhesión el 31 de mayo para el período fiscal 2025, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La constancia oficial, vigente hasta el 9 de julio, no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados, información que permanece bajo secreto fiscal.
La situación judicial que enfrenta la pareja es el núcleo de la polemica. Angeletti es investigada por el juez Ariel Lijo por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que Adorni enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores judiciales ya han acreditado movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque sospechan que podría haber más activos digitales no registrados a su nombre. Para los fiscales, la adhesión al régimen abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, según reconstruyó la información disponible.
El escándalo político adquiere dimensiones particulares por los gastos que la familia Adorni registró con tarjetas de crédito durante 2025. Se conocen consumos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito durante el año, cuando el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y Angeletti figuraba como monotributista. El promedio de consumos registrados fue de $7,1 millones por mes, cifra que supera por más del doble el ingreso mensual del jefe de Gabinete. Además, la Justicia investiga gastos por más de US$27.658 en viajes al exterior.
La tensión narrativa entre discurso y realidad es evidente. Adorni ha sido vocero central de la administración de Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad, lo que genera una contradicción flagrante entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario. La oposición ya ha comenzado a exigir explicaciones sobre el origen de los fondos y a cuestionar la legitimidad de la maniobra fiscal.
El jefe de Gabinete tendrá que explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas. Si recibe el requerimiento de justificación patrimonial, Adorni deberá explicar de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito adquirido por US$30.000 en efectivo con una hipoteca sin intereses de US$200.000, y una casa de country en Exaltación de la Cruz por US$120.000, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de US$335.000 con distintos acreedores.
La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato hacia la justificación judicial. El jefe de Gabinete tiene lista la declaración y en su entorno prometen que su presentación será inminente, probablemente antes del 15 de junio. La revisión financiera preparada por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio, momento en que Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.
La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de US$7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia, comprobante que aún no ha sido presentado.
La maniobra fiscal de Adorni y su esposa marca un punto crítico en la relación entre el gobierno de Milei y la oposición, y abre interrogantes sobre la capacidad del jefe de Gabinete para continuar en su cargo mientras enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito. El escándalo refleja las tensiones internas del gobierno en materia de transparencia y plantea dudas sobre la consistencia entre el discurso de austeridad y las prácticas reales de los funcionarios más cercanos al presidente.
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