- Economía
- 28.05.2026
El FMI traza una hoja de ruta para reformar Ganancias, IVA y Monotributo y pide más trabajadores aportantes
Como parte de la segunda revisión del acuerdo y en el marco del "Artículo IV" de vigilancia económica, el organismo multilateral delineó una batería de sugerencias para transformar el sistema impositivo argentino. El objetivo es que unos dos millones de empleados vuelvan a pagar el Impuesto a las Ganancias y que el Monotributo tenga una carga más acorde con el régimen general.
El Fondo Monetario Internacional volvió a poner bajo la lupa el sistema tributario argentino, al que califica como "complejo, distorsivo e inestable", y esbozó los cambios que impulsa de cara a una reforma fiscal integral que el Gobierno deberá presentar antes de fin de año. En el denominado staff report, la entidad dejó por escrito que para elevar los ingresos públicos, achicar la enorme brecha entre lo que tributan unos y otros y reducir los incentivos a la evasión, el país necesita abordar de lleno la estructura de tres impuntos clave: Ganancias, IVA y Monotributo.
El primer punto de la agenda, y quizás el de mayor sensibilidad social, apunta al Impuesto a las Ganancias. Actualmente, menos del 1% de los trabajadores formales paga este tributo, una consecuencia directa de la reforma que impulsó Sergio Massa en 2023 y que elevó el mínimo no imponible de manera considerable. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el Fondo sostiene que los pisos de ingresos continúan siendo demasiado elevados en comparación con parámetros históricos, y propone volver a los criterios de 2019, cuando alrededor del 20% de los asalariados registrados se encontraba alcanzado por el gravamen. En términos concretos, la medida implicaría que aproximadamente dos millones de empleados con ingresos medios y altos volvieran a contribuir con el fisco, lo que, según las estimaciones del organismo, generaría un ingreso fiscal adicional equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno, es decir, unos 3.000 millones de dólares anuales.
Junto con la ampliación de la base de contribuyentes, el FMI sugiere simplificar la estructura de alícuotas y armonizar las deducciones entre trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas, para evitar distorsiones y desigualdades entre personas con similares niveles de ingreso.
El segundo eje del programa de reformas apunta al Impuesto al Valor Agregado, con la propuesta de unificar las distintas alícuotas que actualmente conviven en el sistema. En la Argentina, la alícuota general es del 21 por ciento, pero una decena de bienes y servicios tributan a una tasa reducida del 10,5 por ciento, mientras que otros rubros —como pan, leche, libros y servicios de salud— están directamente exentos. El Fondo propone eliminar la mayoría de esas exenciones y reducir los regímenes preferenciales que benefician a sectores específicos, salvo aquellos que tengan un claro fin social, para lograr una ganancia fiscal neta equivalente al 0,4% del PBI. A cambio, sugiere compensaciones focalizadas para los hogares vulnerables, de modo que el ajuste no termine golpeando de lleno a quienes tienen menos recursos.
El tercer punto de la hoja de ruta es, sin dudas, uno de los más controvertidos: la reforma del Monotributo. El propio FMI reconoce que este régimen simplificado, creado hace casi tres décadas, cumplió un rol fundamental en la formalización de pequeños contribuyentes y en la ampliación de la cobertura previsional y de salud. Sin embargo, advierte que la carga tributaria efectiva que soporta un monotributista es considerablemente menor a la que enfrenta un pequeño contribuyente del régimen general, lo que genera una "fragmentación empresarial" y desalienta el crecimiento de las firmas. En la práctica, muchos trabajadores independientes se ven incentivados a mantenerse artificialmente por debajo de determinados niveles de facturación para no perder los beneficios del Monotributo, mientras que otros optan por dividir sus actividades en múltiples unidades económicas para seguir dentro del régimen.
Para corregir estas distorsiones, el organismo recomienda acercar las cargas fiscales y las cotizaciones sociales del Monotributo a las del régimen general, reducir los abruptos saltos que existen entre las distintas categorías y utilizar herramientas digitales que simplifiquen el cumplimiento tributario y refuercen los controles. Según las proyecciones de la entidad, una reforma integral del Monotributo podría aportar entre el 0,4% y el 1% adicional del PBI.
El paquete de sugerencias del Fondo Monetario no se detiene allí. El cuarto eje propone una simplificación del impuesto a las sociedades, cuya alícuota máxima del 35 por ciento es considerablemente más alta que el promedio mundial del 25 por ciento, y recomienda fijar un tributo mínimo basado en la facturación para desalentar prácticas elusivas. Finalmente, el quinto punto apunta a robustecer los impuestos especiales, en particular aquellos que gravan el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas y los combustibles, y sugiere actualizar esos tributos de manera periódica para que no pierdan poder recaudatorio frente a la inflación.
El pliego de exigencias del FMI no es caprichoso: el organismo busca que el país aumente su recaudación en unos 3,3 puntos del PBI a través de la eliminación del "gasto tributario" que hoy representan las exenciones, los regímenes especiales y los beneficios sectoriales. Con esos recursos adicionales, la Argentina podría ir reduciendo de manera gradual aquellos impuestos que el propio Fondo considera más distorsivos, como las retenciones al agro y el impuesto al cheque, sin poner en riesgo las metas fiscales. De hecho, la entidad condicionó explícitamente una baja más agresiva de las retenciones a la implementación previa de esta reforma tributaria.
Las recomendaciones del Fondo Monetario llegan en un momento clave: el Gobierno acaba de recibir un desembolso de 1.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central, en el marco de la segunda revisión del acuerdo. Y tal como consta en el staff report, el Poder Ejecutivo se comprometió a presentar un proyecto de reforma tributaria integral hacia finales de este año, en línea con los compromisos asumidos ante el organismo multilateral. Ahora, el desafío para el oficialismo será equilibrar el objetivo de fortalecer las cuentas públicas con la promesa electoral de aliviar la carga fiscal sobre los argentinos, en un escenario en el que las provincias también reclaman su parte de la torta: según los cálculos del FMI, cerca de la mitad de los recursos adicionales que genere la reforma debería derivarse a los distritos a través del sistema de coparticipación.
El primer punto de la agenda, y quizás el de mayor sensibilidad social, apunta al Impuesto a las Ganancias. Actualmente, menos del 1% de los trabajadores formales paga este tributo, una consecuencia directa de la reforma que impulsó Sergio Massa en 2023 y que elevó el mínimo no imponible de manera considerable. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el Fondo sostiene que los pisos de ingresos continúan siendo demasiado elevados en comparación con parámetros históricos, y propone volver a los criterios de 2019, cuando alrededor del 20% de los asalariados registrados se encontraba alcanzado por el gravamen. En términos concretos, la medida implicaría que aproximadamente dos millones de empleados con ingresos medios y altos volvieran a contribuir con el fisco, lo que, según las estimaciones del organismo, generaría un ingreso fiscal adicional equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno, es decir, unos 3.000 millones de dólares anuales.
Junto con la ampliación de la base de contribuyentes, el FMI sugiere simplificar la estructura de alícuotas y armonizar las deducciones entre trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas, para evitar distorsiones y desigualdades entre personas con similares niveles de ingreso.
El segundo eje del programa de reformas apunta al Impuesto al Valor Agregado, con la propuesta de unificar las distintas alícuotas que actualmente conviven en el sistema. En la Argentina, la alícuota general es del 21 por ciento, pero una decena de bienes y servicios tributan a una tasa reducida del 10,5 por ciento, mientras que otros rubros —como pan, leche, libros y servicios de salud— están directamente exentos. El Fondo propone eliminar la mayoría de esas exenciones y reducir los regímenes preferenciales que benefician a sectores específicos, salvo aquellos que tengan un claro fin social, para lograr una ganancia fiscal neta equivalente al 0,4% del PBI. A cambio, sugiere compensaciones focalizadas para los hogares vulnerables, de modo que el ajuste no termine golpeando de lleno a quienes tienen menos recursos.
El tercer punto de la hoja de ruta es, sin dudas, uno de los más controvertidos: la reforma del Monotributo. El propio FMI reconoce que este régimen simplificado, creado hace casi tres décadas, cumplió un rol fundamental en la formalización de pequeños contribuyentes y en la ampliación de la cobertura previsional y de salud. Sin embargo, advierte que la carga tributaria efectiva que soporta un monotributista es considerablemente menor a la que enfrenta un pequeño contribuyente del régimen general, lo que genera una "fragmentación empresarial" y desalienta el crecimiento de las firmas. En la práctica, muchos trabajadores independientes se ven incentivados a mantenerse artificialmente por debajo de determinados niveles de facturación para no perder los beneficios del Monotributo, mientras que otros optan por dividir sus actividades en múltiples unidades económicas para seguir dentro del régimen.
Para corregir estas distorsiones, el organismo recomienda acercar las cargas fiscales y las cotizaciones sociales del Monotributo a las del régimen general, reducir los abruptos saltos que existen entre las distintas categorías y utilizar herramientas digitales que simplifiquen el cumplimiento tributario y refuercen los controles. Según las proyecciones de la entidad, una reforma integral del Monotributo podría aportar entre el 0,4% y el 1% adicional del PBI.
El paquete de sugerencias del Fondo Monetario no se detiene allí. El cuarto eje propone una simplificación del impuesto a las sociedades, cuya alícuota máxima del 35 por ciento es considerablemente más alta que el promedio mundial del 25 por ciento, y recomienda fijar un tributo mínimo basado en la facturación para desalentar prácticas elusivas. Finalmente, el quinto punto apunta a robustecer los impuestos especiales, en particular aquellos que gravan el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas y los combustibles, y sugiere actualizar esos tributos de manera periódica para que no pierdan poder recaudatorio frente a la inflación.
El pliego de exigencias del FMI no es caprichoso: el organismo busca que el país aumente su recaudación en unos 3,3 puntos del PBI a través de la eliminación del "gasto tributario" que hoy representan las exenciones, los regímenes especiales y los beneficios sectoriales. Con esos recursos adicionales, la Argentina podría ir reduciendo de manera gradual aquellos impuestos que el propio Fondo considera más distorsivos, como las retenciones al agro y el impuesto al cheque, sin poner en riesgo las metas fiscales. De hecho, la entidad condicionó explícitamente una baja más agresiva de las retenciones a la implementación previa de esta reforma tributaria.
Las recomendaciones del Fondo Monetario llegan en un momento clave: el Gobierno acaba de recibir un desembolso de 1.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central, en el marco de la segunda revisión del acuerdo. Y tal como consta en el staff report, el Poder Ejecutivo se comprometió a presentar un proyecto de reforma tributaria integral hacia finales de este año, en línea con los compromisos asumidos ante el organismo multilateral. Ahora, el desafío para el oficialismo será equilibrar el objetivo de fortalecer las cuentas públicas con la promesa electoral de aliviar la carga fiscal sobre los argentinos, en un escenario en el que las provincias también reclaman su parte de la torta: según los cálculos del FMI, cerca de la mitad de los recursos adicionales que genere la reforma debería derivarse a los distritos a través del sistema de coparticipación.
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