- Sociedad
- 21.05.2026
La policía porteña dispersó con gases y palos una protesta contra el cierre de 25 mil pymes
La manifestación convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) frente a la sede del INTI en San Martín terminó con heridos e intoxicados por el accionar de efectivos de la Ciudad.
La jornada de protesta por la crisis del sector industrial tuvo este miércoles un desenlace violento sobre la avenida General Paz, a la altura del partido bonaerense de San Martín. Lo que comenzó como una concentración para reclamar medidas de auxilio para las pequeñas y medianas empresas derivó en una intervención policial con gases, golpes y empujones que dejó un saldo de personas heridas y una fuerte polémica por la actuación de las fuerzas de seguridad en una zona que no pertenece a su jurisdicción.
Unas 500 personas se congregaron desde primera hora de la mañana en las inmediaciones de la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), nucleadas bajo la consigna de detener lo que describieron como una sangría industrial sin precedentes. La movilización reunió a un arco heterogéneo que incluyó a trabajadores del organismo, empresarios pyme de distintos rubros, estudiantes, referentes de la CTA y los gremios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros y Aeronáuticos, además del intendente de San Martín, Fernando Moreira.
El eje del reclamo era el pedido de declaración de la “emergencia económica pyme” a nivel nacional, junto con una exigencia concreta al Poder Ejecutivo de revertir las políticas que, según los organizadores, están empujando al cierre masivo de fábricas. El momento de mayor tensión se desató cuando los manifestantes intentaron desplegar una gran bandera que denunciaba la desaparición de 25 mil pymes y que cruzaba por completo la calzada con una inscripción dirigida al presidente Javier Milei. Fue entonces cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervinieron para liberar el carril obstruido.
La particularidad geográfica de la protesta añadió un componente de controversia adicional. La concentración se realizó sobre una de las colectoras de la autovía General Paz, una arteria que funciona como límite entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En este tramo, sin embargo, la vereda y el asfalto corresponden al distrito de San Martín, territorio bajo jurisdicción de la Policía Bonaerense. Aun así, el operativo de desalojo fue ejecutado por los agentes porteños, que avanzaron con escudos antimotines y lanzaron gas pimienta contra los trabajadores, los dirigentes gremiales y los empresarios que se encontraban en el lugar.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien participó de la jornada, sostuvo que el accionar de las fuerzas de seguridad buscaba deliberadamente impedir que la protesta tuviera visibilidad. En sus declaraciones, afirmó que la represión es la única manera que encuentra el oficialismo para sostener un modelo económico que, a su juicio, está devastando el entramado productivo del país. Aguiar comparó la situación actual con el contexto de la pandemia de coronavirus y subrayó que el impacto negativo sobre el empleo y la industria es aún más severo que el registrado durante la crisis sanitaria.
Los números que respaldan la preocupación del sector son contundentes y fueron citados reiteradamente por los oradores. Según un relevamiento de la Superintendría de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se acumularon 17 meses consecutivos de caída en la cantidad de firmas registradas. Las estadísticas oficiales indican que durante la pandemia se perdieron unas 14 mil empresas, pero en los dos años y medio de gestión del actual gobierno la cifra ya supera las 25 mil pequeñas y medianas empresas fundidas. En términos de puestos de trabajo, los organizadores denunciaron la destrucción de más de 300 mil empleos registrados, una sangría que golpea con especial dureza a rubros como el transporte, las actividades inmobiliarias y la construcción.
En medio del forcejeo entre los efectivos y los concentrados apareció la figura del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, que se acercó al lugar para intentar frenar la violencia. El funcionario quedó atrapado en el centro del operativo y sus intentos de mediar fueron infructuosos. Una vez que la calma regresó a la colectora, Katopodis responsabilizó directamente al gobierno nacional por el desenlace del día y por la situación de fondo que motivó la convocatoria. En sus palabras, la administración de Milei no tolera que industriales, trabajadores y estudiantes expresen su descontento frente a una política de apertura indiscriminada de importaciones que, denunció, está liquidando la producción nacional.
Las declaraciones de los representantes del sector privado acompañaron el mismo diagnóstico de urgencia. Rubén Paleone, presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero, señaló que los pequeños empresarios han sido colocados en el lugar de los “villanos” de la película cuando en realidad son los principales generadores de puestos de trabajo. El dirigente describió a la industria del cuero como uno de los sectores más castigados, junto con el textil, la indumentaria y el calzado, todos ellos golpeados por la recesión y la competencia externa.
El saldo de la jornada incluyó personas intoxicadas por la inhalación de gases y otras que sufrieron golpes producto del avance de los escudos policiales. La conferencia de prensa que tenía prevista la ATE para exponer en detalle sus propuestas quedó truncada, y los heridos fueron asistidos de manera improvisada por los mismos manifestantes a la vera de la autopista. Paralelamente, el episodio generó un nuevo foco de tensión institucional: la actuación de la policía porteña en territorio bonaerense sin un acuerdo explícito de colaboración entre ambas jurisdicciones, un aspecto que podría derivar en presentaciones judiciales en las próximas horas.
El cierre de la protesta no hizo más que reforzar la convicción de los sectores movilizados de profundizar las medidas de fuerza. Los dirigentes coincidieron en que lo ocurrido en San Martín no hará más que multiplicar los reclamos en todo el país, convencidos de que el único camino para frenar lo que describen como un proceso de desindustrialización acelerada es seguir ocupando el espacio público.
Unas 500 personas se congregaron desde primera hora de la mañana en las inmediaciones de la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), nucleadas bajo la consigna de detener lo que describieron como una sangría industrial sin precedentes. La movilización reunió a un arco heterogéneo que incluyó a trabajadores del organismo, empresarios pyme de distintos rubros, estudiantes, referentes de la CTA y los gremios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros y Aeronáuticos, además del intendente de San Martín, Fernando Moreira.
El eje del reclamo era el pedido de declaración de la “emergencia económica pyme” a nivel nacional, junto con una exigencia concreta al Poder Ejecutivo de revertir las políticas que, según los organizadores, están empujando al cierre masivo de fábricas. El momento de mayor tensión se desató cuando los manifestantes intentaron desplegar una gran bandera que denunciaba la desaparición de 25 mil pymes y que cruzaba por completo la calzada con una inscripción dirigida al presidente Javier Milei. Fue entonces cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervinieron para liberar el carril obstruido.
La particularidad geográfica de la protesta añadió un componente de controversia adicional. La concentración se realizó sobre una de las colectoras de la autovía General Paz, una arteria que funciona como límite entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En este tramo, sin embargo, la vereda y el asfalto corresponden al distrito de San Martín, territorio bajo jurisdicción de la Policía Bonaerense. Aun así, el operativo de desalojo fue ejecutado por los agentes porteños, que avanzaron con escudos antimotines y lanzaron gas pimienta contra los trabajadores, los dirigentes gremiales y los empresarios que se encontraban en el lugar.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien participó de la jornada, sostuvo que el accionar de las fuerzas de seguridad buscaba deliberadamente impedir que la protesta tuviera visibilidad. En sus declaraciones, afirmó que la represión es la única manera que encuentra el oficialismo para sostener un modelo económico que, a su juicio, está devastando el entramado productivo del país. Aguiar comparó la situación actual con el contexto de la pandemia de coronavirus y subrayó que el impacto negativo sobre el empleo y la industria es aún más severo que el registrado durante la crisis sanitaria.
Los números que respaldan la preocupación del sector son contundentes y fueron citados reiteradamente por los oradores. Según un relevamiento de la Superintendría de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se acumularon 17 meses consecutivos de caída en la cantidad de firmas registradas. Las estadísticas oficiales indican que durante la pandemia se perdieron unas 14 mil empresas, pero en los dos años y medio de gestión del actual gobierno la cifra ya supera las 25 mil pequeñas y medianas empresas fundidas. En términos de puestos de trabajo, los organizadores denunciaron la destrucción de más de 300 mil empleos registrados, una sangría que golpea con especial dureza a rubros como el transporte, las actividades inmobiliarias y la construcción.
En medio del forcejeo entre los efectivos y los concentrados apareció la figura del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, que se acercó al lugar para intentar frenar la violencia. El funcionario quedó atrapado en el centro del operativo y sus intentos de mediar fueron infructuosos. Una vez que la calma regresó a la colectora, Katopodis responsabilizó directamente al gobierno nacional por el desenlace del día y por la situación de fondo que motivó la convocatoria. En sus palabras, la administración de Milei no tolera que industriales, trabajadores y estudiantes expresen su descontento frente a una política de apertura indiscriminada de importaciones que, denunció, está liquidando la producción nacional.
Las declaraciones de los representantes del sector privado acompañaron el mismo diagnóstico de urgencia. Rubén Paleone, presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero, señaló que los pequeños empresarios han sido colocados en el lugar de los “villanos” de la película cuando en realidad son los principales generadores de puestos de trabajo. El dirigente describió a la industria del cuero como uno de los sectores más castigados, junto con el textil, la indumentaria y el calzado, todos ellos golpeados por la recesión y la competencia externa.
El saldo de la jornada incluyó personas intoxicadas por la inhalación de gases y otras que sufrieron golpes producto del avance de los escudos policiales. La conferencia de prensa que tenía prevista la ATE para exponer en detalle sus propuestas quedó truncada, y los heridos fueron asistidos de manera improvisada por los mismos manifestantes a la vera de la autopista. Paralelamente, el episodio generó un nuevo foco de tensión institucional: la actuación de la policía porteña en territorio bonaerense sin un acuerdo explícito de colaboración entre ambas jurisdicciones, un aspecto que podría derivar en presentaciones judiciales en las próximas horas.
El cierre de la protesta no hizo más que reforzar la convicción de los sectores movilizados de profundizar las medidas de fuerza. Los dirigentes coincidieron en que lo ocurrido en San Martín no hará más que multiplicar los reclamos en todo el país, convencidos de que el único camino para frenar lo que describen como un proceso de desindustrialización acelerada es seguir ocupando el espacio público.
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