- Sociedad
- 19.05.2026
El presupuesto para vivienda en la Ciudad profundiza su caída y crecen las críticas al ajuste
Un informe del CEPA reveló que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad perdió casi la mitad de sus recursos reales desde 2022. Organizaciones sociales y especialistas advierten por el freno de obras, el deterioro de las políticas habitacionales y el impacto sobre los barrios populares.
El ajuste sobre las políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la discusión pública luego de que un informe del Observatorio Económico de la Ciudad, dependiente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), revelara que el presupuesto ejecutado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) registró una caída real del 46% respecto de 2022. El trabajo también indicó que el programa de urbanización e integración de villas retrocedió un 58% en el mismo período.
El relevamiento sostiene que la reducción de partidas no es un hecho aislado sino parte de una reconfiguración más amplia del gasto público porteño. Según el documento, mientras disminuyeron recursos destinados a vivienda, salud y educación, crecieron las erogaciones vinculadas a servicios concesionados, deuda pública y áreas con mayor participación privada. El economista Juan Pablo Costa, titular del observatorio, señaló que la ejecución presupuestaria de los últimos años muestra una “reasignación regresiva” de fondos públicos.
La situación del IVC ya había generado polémica meses atrás. En marzo, trabajadores del organismo denunciaron despidos y un proceso de vaciamiento institucional que, según sostienen, podría derivar en el cierre del ente encargado de ejecutar buena parte de las políticas habitacionales de la Ciudad. A esa tensión se sumó posteriormente un proyecto presentado por legisladores de La Libertad Avanza para eliminar directamente el instituto. De concretarse esa iniciativa, alrededor de 1300 empleados quedarían afectados, de acuerdo con estimaciones sindicales difundidas por ATE.
Las advertencias sobre el deterioro presupuestario no provienen únicamente del CEPA. Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indicó que el presupuesto destinado a organismos de vivienda para 2026 será el más bajo de los últimos 14 años en términos reales y representará menos del 1% del gasto total de la administración porteña. La entidad calculó además una caída del 22,9% respecto del ejercicio anterior.
El debate adquiere mayor relevancia en un contexto de creciente dificultad para acceder a la vivienda. En los últimos años aumentó el peso del alquiler dentro de los ingresos familiares y distintos estudios privados detectaron una disminución sostenida de la proporción de hogares propietarios. Un informe de la Fundación Tejido Urbano advirtió recientemente que el porcentaje de argentinos con vivienda propia cayó más de cinco puntos entre 2016 y 2025, consolidando un cambio estructural en el acceso al hábitat.
Mientras tanto, desde el Gobierno porteño defienden parte de las políticas desarrolladas por el IVC y destacan programas de regularización dominial, acceso al alquiler y escrituración de viviendas. Según información oficial del organismo, durante 2025 más de 1200 familias lograron formalizar la titularidad de sus hogares a través de distintos programas de escrituración.
Sin embargo, organizaciones sociales, especialistas en urbanismo y sectores de la oposición consideran que esas iniciativas resultan insuficientes frente a la magnitud del déficit habitacional. También cuestionan el freno de obras de integración urbana en villas y barrios populares, un eje que había tenido mayor impulso durante las gestiones anteriores en la Ciudad.
El recorte presupuestario en vivienda aparece además en paralelo con otros ajustes en áreas sensibles. El informe del CEPA detectó caídas en programas educativos, asistencia alimentaria escolar y hospitales públicos, mientras que el apoyo a pequeñas y medianas empresas sufrió una reducción aún más pronunciada. Para los autores del estudio, el panorama consolida un cambio de prioridades en la orientación del gasto estatal porteño.
El relevamiento sostiene que la reducción de partidas no es un hecho aislado sino parte de una reconfiguración más amplia del gasto público porteño. Según el documento, mientras disminuyeron recursos destinados a vivienda, salud y educación, crecieron las erogaciones vinculadas a servicios concesionados, deuda pública y áreas con mayor participación privada. El economista Juan Pablo Costa, titular del observatorio, señaló que la ejecución presupuestaria de los últimos años muestra una “reasignación regresiva” de fondos públicos.
La situación del IVC ya había generado polémica meses atrás. En marzo, trabajadores del organismo denunciaron despidos y un proceso de vaciamiento institucional que, según sostienen, podría derivar en el cierre del ente encargado de ejecutar buena parte de las políticas habitacionales de la Ciudad. A esa tensión se sumó posteriormente un proyecto presentado por legisladores de La Libertad Avanza para eliminar directamente el instituto. De concretarse esa iniciativa, alrededor de 1300 empleados quedarían afectados, de acuerdo con estimaciones sindicales difundidas por ATE.
Las advertencias sobre el deterioro presupuestario no provienen únicamente del CEPA. Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indicó que el presupuesto destinado a organismos de vivienda para 2026 será el más bajo de los últimos 14 años en términos reales y representará menos del 1% del gasto total de la administración porteña. La entidad calculó además una caída del 22,9% respecto del ejercicio anterior.
El debate adquiere mayor relevancia en un contexto de creciente dificultad para acceder a la vivienda. En los últimos años aumentó el peso del alquiler dentro de los ingresos familiares y distintos estudios privados detectaron una disminución sostenida de la proporción de hogares propietarios. Un informe de la Fundación Tejido Urbano advirtió recientemente que el porcentaje de argentinos con vivienda propia cayó más de cinco puntos entre 2016 y 2025, consolidando un cambio estructural en el acceso al hábitat.
Mientras tanto, desde el Gobierno porteño defienden parte de las políticas desarrolladas por el IVC y destacan programas de regularización dominial, acceso al alquiler y escrituración de viviendas. Según información oficial del organismo, durante 2025 más de 1200 familias lograron formalizar la titularidad de sus hogares a través de distintos programas de escrituración.
Sin embargo, organizaciones sociales, especialistas en urbanismo y sectores de la oposición consideran que esas iniciativas resultan insuficientes frente a la magnitud del déficit habitacional. También cuestionan el freno de obras de integración urbana en villas y barrios populares, un eje que había tenido mayor impulso durante las gestiones anteriores en la Ciudad.
El recorte presupuestario en vivienda aparece además en paralelo con otros ajustes en áreas sensibles. El informe del CEPA detectó caídas en programas educativos, asistencia alimentaria escolar y hospitales públicos, mientras que el apoyo a pequeñas y medianas empresas sufrió una reducción aún más pronunciada. Para los autores del estudio, el panorama consolida un cambio de prioridades en la orientación del gasto estatal porteño.
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