Situación de calle en CABA: la Legislatura exige a Macri datos sobre su política social de vivienda y asistencia

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una serie de pedidos de informes presentados por bloques opositores, entre ellos Fuera por Buenos Aires, dirigidos al Poder Ejecutivo local. Las iniciativas apuntan a obtener información sobre la situación de calle, el acceso a la vivienda y el funcionamiento de los dispositivos de asistencia. 

Las cuatro iniciativas aprobadas abarcan dimensiones distintas pero complementarias de una misma problemática que viene ganando visibilidad en los barrios porteños: el crecimiento de personas durmiendo en la vía pública, el funcionamiento de los espacios de alojamiento de emergencia y los efectos concretos de los desalojos sobre la población más vulnerable.

Qué información le piden al Gobierno de la Ciudad

El primer pedido solicita precisiones sobre el Relevamiento de Personas en Situación de Calle (REPSIC), realizado en cumplimiento de la Ley 3.706. La iniciativa requiere detalles sobre la metodología utilizada, los criterios de medición, la cobertura territorial, el personal involucrado y el presupuesto asignado. También consulta si participaron organizaciones sociales o universidades y si hubo auditorías posteriores al operativo. La pregunta de fondo es si los números oficiales reflejan con fidelidad la magnitud real del fenómeno, cuestionado desde hace años por organizaciones que trabajan en territorio.

El segundo pedido se enfoca en los Centros de Inclusión Social (CIS), dispositivos de alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad. Se solicita información sobre cuántos centros están en funcionamiento, su modalidad de gestión -directa o tercerizada-, disponibilidad de plazas, perfiles de la población alojada y condiciones de ingreso.

También se pregunta qué actividades se desarrollan en esos espacios, cuál es la formación del personal, cómo se garantiza la atención sanitaria y qué alcance tiene la implementación de las llamadas "Casas Familia". 

El tercer informe requerido apunta al programa Red de Atención -sucesor del conocido Buenos Aires Presente (BAP)-, que interviene en territorio a través de equipos móviles y la línea 108. Se solicita información sobre recursos humanos asignados, cantidad de vehículos disponibles, recorridos, funcionamiento de los Dispositivos de Primer Acercamiento (DIPA) y la eventual incorporación de nuevas unidades móviles.

Un punto especialmente sensible: la iniciativa pide que el Ejecutivo explique la reducción presupuestaria prevista para este programa en 2026 mientras la cantidad de personas en situación de calle aumenta, sin que la meta de asistidos se haya ajustado al alza. 

El cuarto pedido se centra en el vínculo entre los procesos de desalojo y el acceso a la vivienda. Busca reconstruir las trayectorias de las personas afectadas antes, durante y después de las evacuaciones, incluyendo la intervención estatal previa, la asistencia brindada durante los operativos y las soluciones habitacionales ofrecidas con posterioridad. También indaga si el Gobierno porteño cuenta con mecanismos de identificación temprana de riesgo de calle y con sistemas integrados de información para el seguimiento de los casos. 

El contexto que rodea los pedidos

Los pedidos de informes no llegan en el vacío. En las últimas semanas, la cuestión de los desalojos se instaló como eje de confrontación política entre la oposición y el Ejecutivo de Jorge Macri. La Legislatura porteña constituyó recientemente una Comisión de Violencia Institucional con competencia específica sobre desalojos, y legisladores opositores ya habían reclamado información sobre el operativo realizado en Parque Chas, donde se cuestionó la presencia de familias con menores durante la ejecución. Ese episodio derivó en un cruce directo entre legisladores y el propio jefe de Gobierno.

Los cuatro informes aprobados este jueves amplían ese foco de control parlamentario hacia la arquitectura completa del sistema de asistencia: desde cómo se cuentan las personas en situación de calle hasta qué les pasa a quienes son desalojados.

El Ejecutivo porteño tendrá plazo para responder según los términos que establece la normativa vigente. Lo que ocurra con esas respuestas marcará el próximo capítulo de un debate que, por ahora, transcurre más en el recinto que en las políticas públicas.