Emergencia edilicia en Buenos Aires: la oposición exige al GCBA que explique qué hace con los edificios en riesgo estructural

La Legislatura porteña le puso la lupa al Ejecutivo de Jorge Macri en uno de los temas más sensibles para los vecinos de Buenos Aires: la gestión de los edificios con riesgo estructural. La diputada Claudia Neira, junto a un grupo de legisladores de distintos bloques opositores, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre la gestión de inmuebles con "emergencia edilicia" desde 2024 hasta la actualidad. 

La iniciativa, ingresada bajo el expediente 1314-D-2026, solicita que el Gobierno porteño responda en un plazo máximo de 30 días y remita la información en formato digital abierto y procesable. El objetivo es claro: que la Legislatura pueda ejercer un control efectivo sobre una política pública que, hasta ahora, el Ejecutivo maneja con escasa transparencia. 

Qué quieren saber los legisladores

El pedido de informes no es menor en su alcance. Abarca múltiples dimensiones del sistema de gestión del riesgo edilicio: la existencia de registros actualizados de inmuebles, los criterios técnicos de clasificación de riesgo, la cantidad de inspecciones realizadas, las intervenciones con o sin uso de fuerza pública, y las medidas adoptadas en cada caso, como clausuras, desalojos o apuntalamientos. 

También se indaga sobre la continuidad de las intervenciones: los legisladores requieren datos sobre la ejecución de obras posteriores a la detección del riesgo, los plazos entre diagnóstico e intervención, y los casos en los que no se habrían realizado obras estructurales pese a la vigencia de la emergencia edilicia.

Este último punto es particularmente relevante: si un edificio es declarado en emergencia pero no se interviene estructuralmente, ¿con qué criterio se toman medidas coercitivas sobre sus ocupantes? 

El rol de la Policía y la asistencia habitacional, bajo la lupa

Otro eje central del proyecto apunta directamente a la actuación de las fuerzas de seguridad y al acompañamiento social de las familias afectadas. La iniciativa pide detallar la cantidad de personas afectadas por desocupaciones, los dispositivos de asistencia habitacional implementados, el seguimiento posterior de los hogares desalojados y la información sobre la restitución de inmuebles.

También solicita datos sobre la participación de la Policía de la Ciudad en los operativos, la eventual existencia de detenciones o secuestros de elementos, y la articulación entre organismos técnicos, de control y áreas sociales durante las intervenciones. puraciudad

La pregunta que subyace es incómoda para el GCBA: ¿se desaloja para resolver el problema estructural o simplemente para liberar el inmueble?

Trazabilidad y opacidad administrativa

El proyecto también apunta a la trazabilidad administrativa de los casos, solicitando información sobre los sistemas de registro utilizados por los distintos organismos intervinientes, la existencia de identificadores únicos por inmueble y el nivel de interoperabilidad entre bases de datos. La ausencia de un sistema unificado y transparente es, en sí misma, un dato político: sin registros claros, no hay control posible. 

Los fundamentos del pedido

En los fundamentos, los legisladores señalan la necesidad de contar con información sistematizada que permita evaluar la coherencia entre los diagnósticos técnicos de riesgo edilicio y las medidas efectivamente adoptadas por el Estado. 

El texto del proyecto es preciso en su argumento central: la gestión del riesgo edilicio involucra decisiones que pueden implicar restricciones de uso o desalojos, por lo que dichas medidas deben estar debidamente fundamentadas, ser proporcionales al riesgo detectado y orientadas a su resolución estructural.

Dicho de otro modo: desalojar sin resolver no es gestión, es expulsión. El Ejecutivo porteño tiene 30 días para responder. La pelota está en su cancha.