En medio de las polémicas, Adorni absorbe nuevas áreas clave y suma poder

Javier Milei modificó, en las últimas horas, el mapa de poder dentro del Estado mediante una batería de cambios que concentran en la figura de Manuel Adorni, su jefe de Gabinete, áreas consideradas estratégicas para la gestión, que van desde el manejo de información sensible de la población hasta la administración de los contratos millonarios que el Estado firma con proveedores.



La norma, publicada en el Boletín Oficial, le asigna a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —dependiente de la Jefatura de Gabinete— la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), la red de datos más grande del país. Este sistema no tiene una base de datos propia, sino que funciona como un nodo central que permite el intercambio de información entre más de un centenar de organismos nacionales, provinciales y municipales, y concentra registros patrimoniales, tributarios y sociales de aproximadamente el 96 por ciento de la población. A través del SINTyS, cualquier funcionario público puede consultar el historial impositivo de un ciudadano ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), verificar si es beneficiario de planes sociales o acceder a los datos del ANSES, pasando por obras sociales, domicilios, padrones e incluso detectar incompatibilidades con otros programas asistenciales. Hasta el momento, esta herramienta dependía del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo que reportaba directamente a la Presidencia; a partir del nuevo esquema, queda bajo la órbita directa de quien conduce la Jefatura de Gabinete.

La reorganización no se limita a los datos de los ciudadanos. El decreto también incorpora de manera explícita en el organigrama de Adorni a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), el órgano que dicta las normas bajo las cuales se compran todos los bienes, servicios y obras del Estado nacional. Esta oficina administra el registro de proveedores del Estado (SIPRO) y gestiona COMPR.AR, la plataforma electrónica por donde pasan todas las licitaciones públicas nacionales. Si bien la ONC ya operaba técnicamente en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, la nueva reglamentación la ubica bajo la Secretaría Ejecutiva que depende directamente de Adorni, junto a las subsecretarías de Coordinación Interministerial y de Evaluación Presupuestaria.

Otro de los movimientos políticamente más significativos del decreto es la transferencia de la Dirección de Asuntos Legales de Comunicación y Medios. Esta unidad, que hasta ahora funcionaba bajo la órbita directa de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, pasa a depender de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete. De esta manera, el control legal sobre la estrategia oficial de comunicación —incluyendo quién puede publicitar, qué se comunica oficialmente y cómo se gestionan los conflictos jurídicos con la prensa— deja de estar en manos de la hermana del Presidente y queda bajo el mando del ex vocero presidencial. El decreto también establece como un objetivo explícito de la Unidad Gabinete de Asesores la coordinación de la comunicación institucional, la relación con los medios y el desarrollo de la imagen institucional.

A la vez, este movimiento se suma a una serie de facultades que Adorni acumula en áreas cada vez más sensibles. La Jefatura de Gabinete ejercerá el control tutelar sobre organismos como el ENACOM, el CONICET, la CONAE, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Centro Nacional de Ciberseguridad y el Banco Nacional de Datos Genéticos. También administrará las participaciones accionarias del Estado en AR-SAT y en el Correo Oficial, y sumará atribuciones en materia de inteligencia artificial, gobernanza de datos y desarrollo de marcos regulatorios para blockchain en el sector público.

La reconfiguración del poder ocurre, sin embargo, en medio de un fuerte escándalo judicial que afecta al propio funcionario. Adorni es investigado por la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. A lo largo de las últimas semanas, el fiscal Gerardo Pollicita requirió nuevas medidas de prueba y envió oficios a una veintena de plataformas financieras y bancos —entre ellos Mercado Pago, Brubank, Open Bank y diversas empresas de criptoactivos— solicitando información sobre las cuentas y movimientos del matrimonio desde comienzos de 2022. La investigación también apunta a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, donde dos jubiladas de 64 y 72 años financiaron el 87 por ciento del valor del inmueble mediante un préstamo personal, y a las declaraciones de allegados que aseguran que el funcionario mantiene deudas millonarias.

A pesar de la investigación en curso, el Gobierno decidió no solo mantener a Adorni en su cargo, sino otorgarle un poder aún mayor dentro del organigrama estatal. El Presidente, de hecho, confirmó que el próximo 29 de abril lo acompañará personalmente en el recinto de Diputados, donde el jefe de Gabinete deberá presentar su informe de gestión ante una oposición que ya delineó una estrategia para interrogar al funcionario tanto por sus escándalos patrimoniales como por la situación del PAMI, los jubilados y el aumento de las tarifas de transporte.

El decreto, que según la letra del texto oficial busca optimizar recursos y mejorar la coordinación de competencias, termina por dibujar un escenario en el que una sola persona concentra, en sus manos, los datos sensibles de todos los argentinos, la llave de las compras públicas y el paraguas jurídico de la comunicación oficial. El abanico de atribuciones que ahora maneja Adorni, según consignaron varios portales, lo posiciona como el principal gestor de los activos digitales del Estado, en un contexto marcado por la judicialización de su propia gestión.