- Sociedad
- 10.04.2026
LEY DE GLACIARES
Organizaciones ambientales convocan a una demanda colectiva histórica contra la reforma de la Ley de Glaciares
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las modificaciones que flexibilizan la protección de glaciares y el ambiente periglacial, asociaciones ambientalistas impulsan una acción judicial para declararla inconstitucional y llaman a los ciudadanos de todo el país a adherir a lo que definen como la demanda colectiva más grande de la historia en defensa del agua.
En las últimas horas, tres organizaciones ambientalistas de larga trayectoria anunciaron el lanzamiento de una estrategia judicial de envergadura nacional para frenar la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares, sancionada recientemente por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor. La iniciativa busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de los cambios, argumentando que representan un retroceso en la salvaguarda de las reservas estratégicas de agua dulce y vulneran el derecho al ambiente sano en un contexto de crisis climática.
La reforma, que modifica la normativa vigente desde 2010, reduce las restricciones a actividades extractivas y de infraestructura en zonas glaciares y periglaciares, redefine los criterios para el Inventario Nacional de Glaciares —posibilitando la exclusión de cuerpos de hielo más pequeños— y otorga mayor autonomía a las provincias para autorizar proyectos mineros y otras intervenciones, previo estudio de impacto ambiental. Según las entidades impulsoras, estos ajustes ponen en riesgo el equilibrio hídrico de vastas regiones del país y contradicen el principio de no regresividad ambiental consagrado en la Constitución.
“La ciudadanía será la protagonista de esta lucha”, sostuvieron las organizaciones en su convocatoria, en la que subrayaron la necesidad de un fuerte respaldo social para que los tribunales escuchen el reclamo que, aseguran, fue ignorado durante el debate legislativo. Para sumarse, cualquier persona del país puede ingresar a la plataforma www.demandacolectivaglaciares.org, donde la adhesión no genera obligaciones legales pero contribuye a construir una acción colectiva de escala inédita.
La medida judicial se enmarca en un clima de fuerte polarización. Mientras el oficialismo y gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca, celebraron la norma por considerar que equilibra la protección ambiental con el desarrollo productivo y refuerza el federalismo, sectores científicos, asambleas ciudadanas y ambientalistas advirtieron sobre los peligros para el agua que abastece a millones de argentinos. En paralelo, el gobierno de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones locales, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Santa Rosa para suspender la aplicación de la ley en todo el territorio, alegando que afecta el caudal de ríos dependientes del deshielo cordillerano.
La demanda colectiva impulsada por FARN, AAdeAA y Greenpeace se presenta como una respuesta directa a lo que describen como un proceso legislativo que avanzó “a espaldas de la sociedad”, pese a las masivas expresiones ciudadanas en defensa de la ley original. Con esta acción, las organizaciones buscan no solo un fallo que revierta los cambios, sino también consolidar un precedente en la defensa judicial de los bienes comunes ambientales. La convocatoria permanece abierta y, según sus impulsores, ya registra miles de adhesiones en las primeras horas.
La reforma, que modifica la normativa vigente desde 2010, reduce las restricciones a actividades extractivas y de infraestructura en zonas glaciares y periglaciares, redefine los criterios para el Inventario Nacional de Glaciares —posibilitando la exclusión de cuerpos de hielo más pequeños— y otorga mayor autonomía a las provincias para autorizar proyectos mineros y otras intervenciones, previo estudio de impacto ambiental. Según las entidades impulsoras, estos ajustes ponen en riesgo el equilibrio hídrico de vastas regiones del país y contradicen el principio de no regresividad ambiental consagrado en la Constitución.
“La ciudadanía será la protagonista de esta lucha”, sostuvieron las organizaciones en su convocatoria, en la que subrayaron la necesidad de un fuerte respaldo social para que los tribunales escuchen el reclamo que, aseguran, fue ignorado durante el debate legislativo. Para sumarse, cualquier persona del país puede ingresar a la plataforma www.demandacolectivaglaciares.org, donde la adhesión no genera obligaciones legales pero contribuye a construir una acción colectiva de escala inédita.
La medida judicial se enmarca en un clima de fuerte polarización. Mientras el oficialismo y gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca, celebraron la norma por considerar que equilibra la protección ambiental con el desarrollo productivo y refuerza el federalismo, sectores científicos, asambleas ciudadanas y ambientalistas advirtieron sobre los peligros para el agua que abastece a millones de argentinos. En paralelo, el gobierno de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones locales, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Santa Rosa para suspender la aplicación de la ley en todo el territorio, alegando que afecta el caudal de ríos dependientes del deshielo cordillerano.
La demanda colectiva impulsada por FARN, AAdeAA y Greenpeace se presenta como una respuesta directa a lo que describen como un proceso legislativo que avanzó “a espaldas de la sociedad”, pese a las masivas expresiones ciudadanas en defensa de la ley original. Con esta acción, las organizaciones buscan no solo un fallo que revierta los cambios, sino también consolidar un precedente en la defensa judicial de los bienes comunes ambientales. La convocatoria permanece abierta y, según sus impulsores, ya registra miles de adhesiones en las primeras horas.
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