- Sociedad
- 09.04.2026
LEY DE GLACIARES
El Congreso sancionó la reforma de la Ley de Glaciares con fuertes protestas en las calles
Luego de casi doce horas de debate y en medio de detenciones de activistas ambientales frente al Parlamento, la Cámara de Diputados convirtió en ley una modificación a la norma vigente desde 2010 que reduce la protección sobre áreas periglaciares y otorga a las provincias mayor poder de decisión sobre sus recursos hídricos
La madrugada del jueves 9 de abril quedará marcada en el debate ambiental argentino. Pasadas las 2.30, tras casi doce horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La sesión especial convocada para tratar la modificación de la ley 26.639, sancionada originalmente en 2010, contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se acercó al Palacio Legislativo en las últimas horas del debate. Su llegada no pasó inadvertida: el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, la saludó desde el estrado antes de que comenzara la votación final.
Con el respaldo de las provincias mineras, el oficialismo y sus bloques aliados convirtieron en ley una iniciativa que apunta a acotar la protección que hasta el momento regía sobre la totalidad del área glaciar y periglacial, con el objetivo declarado de permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, principalmente mineros. La reforma contó con el acompañamiento del PRO, la UCR y numerosas bancadas provinciales y federales.
El nudo central de la modificación está en una redefinición del objeto protegido. La nueva norma establece que solo las formaciones que acrediten una función hídrica relevante contarán con amparo legal, excluyendo del resguardo especial a los ambientes periglaciares que no puedan demostrar ese aporte concreto a las cuencas. Hasta ahora, la ley de 2010 extendía una protección amplia y automática sobre todo el ambiente glaciar y periglacial, considerándolo reserva estratégica de recursos hídricos. El Instituto de Nivología y Glaciología (IANIGLA) ya había inventariado casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.
Otro cambio estructural involucra el reparto de atribuciones entre la Nación y las provincias. Las jurisdicciones incorporan nuevas facultades para determinar qué cuerpos integran el Inventario Nacional de Glaciares, mientras que el IANIGLA conserva la titularidad del registro técnico pero cede a las autoridades locales la responsabilidad de avanzar en los estudios. Las evaluaciones de impacto ambiental quedan también bajo control provincial. Sin embargo, se exige que los estudios técnicos determinen si una zona cumple o no con los servicios hídricos previstos, y los glaciares que no reúnan estas condiciones pierden la protección especial de la ley 26.639.
El texto incluyó el principio precautorio como salvaguarda transitoria: todos los cuerpos de hielo incluidos en el inventario actual mantendrán su resguardo hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas. El oficialismo presentó esta cláusula como garantía de que ningún glaciar quedará desprotegido de forma inmediata.
Durante el debate, los defensores del proyecto insistieron en que la iniciativa no debilita la protección existente sino que la precisa. El diputado Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que la norma busca aclarar conceptos sin alterar el paradigma de protección y que la reforma encarna "el verdadero federalismo de concertación". El gobierno nacional y las provincias mineras esperaban que, una vez aprobada la reforma, se destraben alrededor de 20.000 millones de dólares en inversiones.
La oposición rechazó esa lectura con dureza. La diputada kirchnerista Gabriela Estévez advirtió que si se habilita la explotación de los glaciares, las generaciones futuras no recibirán nada a cambio. El diputado Juan Grabois calificó el proyecto como una ley que envenenará el agua. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, anunció su voto negativo recordando que fue parte de los legisladores que aprobaron la norma original en 2010. La diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, advirtió que la reforma no protege las autonomías provinciales sino que deja a las provincias solas con el costo político de decidir sobre el destino de sus glaciares.
La jornada legislativa estuvo enmarcada por una intensa movilización en las calles. Por la mañana temprano, nueve activistas de Greenpeace escalaron el Monumento a los Dos Congresos para desplegar banderas con los mensajes "Diputados: no traicionen a los argentinos" y "La ley de Glaciares no se toca". Las nueve personas fueron detenidas por orden de la Fiscalía. La acción rememoró una protesta similar ocurrida en febrero, cuando el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y terminó con doce ambientalistas detenidos y un camarógrafo agredido por efectivos policiales. Por la tarde, una marcha multitudinaria partió desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio mientras se transmitía en vivo el debate en la plaza, con presencia de organizaciones ambientales, referentes políticos y ciudadanos.
Horas después de la sanción, las organizaciones ambientales anunciaron que la disputa pasará a la justicia. Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para impugnar la reforma, argumentando que el proceso parlamentario ignoró a cientos de miles de personas que se inscribieron en las audiencias públicas para oponerse al proyecto. La oposición legislativa, por su parte, ya había anticipado que buscará la declaración de inconstitucionalidad de la norma por considerarla regresiva en materia de presupuestos mínimos ambientales.
Con el respaldo de las provincias mineras, el oficialismo y sus bloques aliados convirtieron en ley una iniciativa que apunta a acotar la protección que hasta el momento regía sobre la totalidad del área glaciar y periglacial, con el objetivo declarado de permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, principalmente mineros. La reforma contó con el acompañamiento del PRO, la UCR y numerosas bancadas provinciales y federales.
El nudo central de la modificación está en una redefinición del objeto protegido. La nueva norma establece que solo las formaciones que acrediten una función hídrica relevante contarán con amparo legal, excluyendo del resguardo especial a los ambientes periglaciares que no puedan demostrar ese aporte concreto a las cuencas. Hasta ahora, la ley de 2010 extendía una protección amplia y automática sobre todo el ambiente glaciar y periglacial, considerándolo reserva estratégica de recursos hídricos. El Instituto de Nivología y Glaciología (IANIGLA) ya había inventariado casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.
Otro cambio estructural involucra el reparto de atribuciones entre la Nación y las provincias. Las jurisdicciones incorporan nuevas facultades para determinar qué cuerpos integran el Inventario Nacional de Glaciares, mientras que el IANIGLA conserva la titularidad del registro técnico pero cede a las autoridades locales la responsabilidad de avanzar en los estudios. Las evaluaciones de impacto ambiental quedan también bajo control provincial. Sin embargo, se exige que los estudios técnicos determinen si una zona cumple o no con los servicios hídricos previstos, y los glaciares que no reúnan estas condiciones pierden la protección especial de la ley 26.639.
El texto incluyó el principio precautorio como salvaguarda transitoria: todos los cuerpos de hielo incluidos en el inventario actual mantendrán su resguardo hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas. El oficialismo presentó esta cláusula como garantía de que ningún glaciar quedará desprotegido de forma inmediata.
Durante el debate, los defensores del proyecto insistieron en que la iniciativa no debilita la protección existente sino que la precisa. El diputado Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que la norma busca aclarar conceptos sin alterar el paradigma de protección y que la reforma encarna "el verdadero federalismo de concertación". El gobierno nacional y las provincias mineras esperaban que, una vez aprobada la reforma, se destraben alrededor de 20.000 millones de dólares en inversiones.
La oposición rechazó esa lectura con dureza. La diputada kirchnerista Gabriela Estévez advirtió que si se habilita la explotación de los glaciares, las generaciones futuras no recibirán nada a cambio. El diputado Juan Grabois calificó el proyecto como una ley que envenenará el agua. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, anunció su voto negativo recordando que fue parte de los legisladores que aprobaron la norma original en 2010. La diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, advirtió que la reforma no protege las autonomías provinciales sino que deja a las provincias solas con el costo político de decidir sobre el destino de sus glaciares.
La jornada legislativa estuvo enmarcada por una intensa movilización en las calles. Por la mañana temprano, nueve activistas de Greenpeace escalaron el Monumento a los Dos Congresos para desplegar banderas con los mensajes "Diputados: no traicionen a los argentinos" y "La ley de Glaciares no se toca". Las nueve personas fueron detenidas por orden de la Fiscalía. La acción rememoró una protesta similar ocurrida en febrero, cuando el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y terminó con doce ambientalistas detenidos y un camarógrafo agredido por efectivos policiales. Por la tarde, una marcha multitudinaria partió desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio mientras se transmitía en vivo el debate en la plaza, con presencia de organizaciones ambientales, referentes políticos y ciudadanos.
Horas después de la sanción, las organizaciones ambientales anunciaron que la disputa pasará a la justicia. Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para impugnar la reforma, argumentando que el proceso parlamentario ignoró a cientos de miles de personas que se inscribieron en las audiencias públicas para oponerse al proyecto. La oposición legislativa, por su parte, ya había anticipado que buscará la declaración de inconstitucionalidad de la norma por considerarla regresiva en materia de presupuestos mínimos ambientales.
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