- Sociedad
- 09.04.2026
EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD
El desfinanciamiento estatal pone en riesgo un hogar para personas con discapacidad en Flores
La Asociación Mutual Promover, con casi 40 años de trayectoria, denuncia una emergencia financiera que amenaza la continuidad de su hogar y centro educativo terapéutico. La deuda estatal supera los cuatro meses y compromete la atención de niños y adolescentes con parálisis cerebral y otras patologías severas.
La Asociación Mutual Promover, institución ubicada en el barrio de Flores y dedicada desde hace casi cuatro décadas al cuidado de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad severa, hizo pública una situación crítica: el desfinanciamiento estatal mantiene a la entidad en emergencia financiera y pone en riesgo la vida y el tratamiento de más de 40 chicos.
Según el comunicado difundido por la dirección de la asociación, el Estado mantiene una deuda desde noviembre de 2025 que ya supera los 90 días. “No se trata de simples números en una planilla; se trata de la alimentación, los insumos médicos, los traslados y el sueldo de los profesionales que cuidan a quienes más lo necesitan”, advirtieron.
La mayor preocupación recae sobre los 17 jóvenes con parálisis cerebral que viven permanentemente en el hogar de la institución, muchos de ellos judicializados y sin red familiar. “Para ellos, nosotros somos su red, su hogar, su familia, su historia”, señalaron. A esta población se suman otros 20 chicos que asisten al Centro Educativo Terapéutico (CET) para recibir tratamientos esenciales como kinesiología, psicología, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogía y fonoaudiología. Ocho de ellos ya se ven impedidos de asistir por la falta de pago en el transporte especial.
La institución, que emplea a 45 profesionales y trabajadores, asegura que ya no cuenta con recursos para abonar salarios, comprar medicamentos vitales ni sostener servicios básicos. El panorama se agravó tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha ofrecido respuestas frente al incumplimiento de pagos.
“Estamos contra las cuerdas, poniendo en riesgo la dignidad de nuestros jóvenes. No pedimos un favor; exigimos que se garantice el derecho a la salud y a una vida digna. Nuestros chicos no tienen tiempo para burocracia”, concluye el comunicado.
Según el comunicado difundido por la dirección de la asociación, el Estado mantiene una deuda desde noviembre de 2025 que ya supera los 90 días. “No se trata de simples números en una planilla; se trata de la alimentación, los insumos médicos, los traslados y el sueldo de los profesionales que cuidan a quienes más lo necesitan”, advirtieron.
La mayor preocupación recae sobre los 17 jóvenes con parálisis cerebral que viven permanentemente en el hogar de la institución, muchos de ellos judicializados y sin red familiar. “Para ellos, nosotros somos su red, su hogar, su familia, su historia”, señalaron. A esta población se suman otros 20 chicos que asisten al Centro Educativo Terapéutico (CET) para recibir tratamientos esenciales como kinesiología, psicología, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogía y fonoaudiología. Ocho de ellos ya se ven impedidos de asistir por la falta de pago en el transporte especial.
La institución, que emplea a 45 profesionales y trabajadores, asegura que ya no cuenta con recursos para abonar salarios, comprar medicamentos vitales ni sostener servicios básicos. El panorama se agravó tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha ofrecido respuestas frente al incumplimiento de pagos.
“Estamos contra las cuerdas, poniendo en riesgo la dignidad de nuestros jóvenes. No pedimos un favor; exigimos que se garantice el derecho a la salud y a una vida digna. Nuestros chicos no tienen tiempo para burocracia”, concluye el comunicado.
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