Cómo es la reforma de la Ley de Salud Mental que el Gobierno enviará al Congreso

El anuncio fue confirmado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y respaldado por el Ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, y el texto se encuentra en fase final de revisión antes de su presentación formal en Diputados, prevista para esta semana o la próxima a más tardar.



La ley sancionada hace quince años impulsó el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos especializados y su reemplazo por servicios en hospitales generales, pero su aplicación ha revelado limitaciones graves. Solo dieciséis de las veintitrés provincias adhirieron formalmente, y en muchas regiones persisten carencias de infraestructura, personal capacitado y financiamiento adecuado, lo que ha generado desigualdades en el acceso a la atención y ha dejado sin respuesta efectiva a numerosas familias. Según datos oficiales, más del cuarenta y cinco por ciento de la población presenta algún trastorno emocional o psicológico, y la demanda de servicios psiquiátricos y psicológicos ha crecido de manera sostenida sin que el modelo actual haya podido acompañarla de forma homogénea.

Uno de los ejes centrales de la reforma apunta a las internaciones involuntarias, que continuarán siendo un recurso excepcional pero con procedimientos más ágiles ante urgencias. Un psiquiatra podrá disponer la medida de inmediato cuando exista riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, y un equipo interdisciplinario deberá ratificarla dentro de las veinticuatro horas siguientes. El plazo para notificar a la Justicia se extenderá de diez a veinticuatro horas. Además, en el caso de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y los profesionales evalúan que su capacidad para decidir se encuentra afectada, la internación podrá convertirse en involuntaria previa comunicación judicial. Estas modificaciones buscan permitir intervenciones más preventivas y oportunas, respondiendo a reclamos reiterados de familiares, profesionales y operadores judiciales que advirtieron sobre demoras burocráticas que complicaban la atención en momentos críticos.

Otro cambio significativo es la sustitución del actual Órgano de Revisión —integrado principalmente por abogados— por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con mayor peso del Ministerio de Salud y sus direcciones técnicas especializadas, como la Dirección Nacional de Salud Mental y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas. Las autoridades sostienen que este esquema permitirá evaluaciones más técnicas y sanitarias, basadas en diagnósticos y tratamientos concretos, en lugar de un control exclusivamente jurídico que, en la práctica, generaba demoras y riesgos innecesarios para los pacientes.

La reforma también abandona la obligación de cerrar por completo los hospitales monovalentes y propone, en cambio, consolidar una red de atención escalonada por niveles de complejidad que integre instituciones especializadas, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas. Se reemplazará asimismo el concepto de “padecimiento mental” por el de “trastornos mentales o del comportamiento”, alineado con la clasificación internacional, para lograr mayor precisión en los diagnósticos y facilitar respuestas más rápidas en las guardias.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca corregir las falencias detectadas en la implementación de la ley actual —falta de presupuesto, ausencia de datos actualizados y formación insuficiente de los equipos— y garantizar una atención más equitativa en todo el territorio, sin desconocer los derechos de las personas con padecimientos mentales. El proyecto no deroga la norma vigente sino que la modifica en sus artículos más cuestionados, y surge de aportes de familiares, asociaciones profesionales y legisladores que coincidieron en la necesidad de actualizar el marco legal para responder mejor a la realidad cotidiana del sistema de salud.