- Sociedad
- 08.04.2026
GLACIARES
Detuvieron a activistas de Greenpeace durante una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares
Un grupo de ambientalistas fue arrestado tras irrumpir en las escalinatas del Congreso en rechazo al proyecto oficial que busca modificar la normativa que protege los glaciares. La iniciativa genera un fuerte debate por su impacto en la seguridad hídrica y la actividad minera.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de tensión cuando un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido tras realizar una intervención en las escalinatas del Congreso de la Nación. La protesta, que se desarrolló en la previa del debate en el Senado, tuvo como objetivo visibilizar el rechazo de organizaciones ambientalistas a los cambios impulsados por el oficialismo.
Según reconstruyeron distintos medios, los manifestantes lograron superar las rejas del Palacio Legislativo y montaron una escena simbólica con carteles dirigidos a los senadores, en los que cuestionaban la posible flexibilización de la norma. La acción duró pocos minutos antes de que efectivos de seguridad intervinieran y procedieran a las detenciones.
La iniciativa que se debate propone modificar aspectos centrales de la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Entre los puntos más controvertidos aparece la intención de redefinir qué zonas deben considerarse protegidas y otorgar mayor injerencia a las provincias en esa determinación, un cambio que, según sus críticos, podría habilitar actividades extractivas en áreas hasta ahora restringidas.
Desde el Gobierno y sectores vinculados a la minería, en cambio, sostienen que la reforma permitiría atraer inversiones, especialmente en proyectos vinculados al cobre y otros minerales estratégicos, al considerar que la legislación actual impone limitaciones excesivas para el desarrollo productivo en regiones cordilleranas.
Organizaciones ambientalistas advierten que cualquier modificación que reduzca el alcance de la ley podría comprometer la protección de reservas clave de agua dulce. La normativa vigente no solo resguarda los glaciares, sino también las áreas que los rodean y cumplen funciones fundamentales en la regulación hídrica, un punto que se encuentra en el centro de la controversia.
En ese contexto, Greenpeace viene realizando distintas acciones para presionar al Congreso. En las semanas previas ya había desplegado intervenciones con mensajes dirigidos a los legisladores y participado de audiencias públicas para expresar su rechazo al proyecto. La organización sostiene que la reforma implicaría un retroceso en materia ambiental y pondría en riesgo el acceso al agua de amplias regiones del país.
La protesta que terminó con detenciones se suma a una serie de movilizaciones que acompañan el tratamiento legislativo. El debate no solo expone posiciones enfrentadas sobre el modelo de desarrollo, sino que también vuelve a colocar en el centro de la agenda el equilibrio entre la explotación de recursos naturales y la preservación de ecosistemas estratégicos en un contexto de creciente preocupación por la crisis climática.
Según reconstruyeron distintos medios, los manifestantes lograron superar las rejas del Palacio Legislativo y montaron una escena simbólica con carteles dirigidos a los senadores, en los que cuestionaban la posible flexibilización de la norma. La acción duró pocos minutos antes de que efectivos de seguridad intervinieran y procedieran a las detenciones.
La iniciativa que se debate propone modificar aspectos centrales de la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Entre los puntos más controvertidos aparece la intención de redefinir qué zonas deben considerarse protegidas y otorgar mayor injerencia a las provincias en esa determinación, un cambio que, según sus críticos, podría habilitar actividades extractivas en áreas hasta ahora restringidas.
Desde el Gobierno y sectores vinculados a la minería, en cambio, sostienen que la reforma permitiría atraer inversiones, especialmente en proyectos vinculados al cobre y otros minerales estratégicos, al considerar que la legislación actual impone limitaciones excesivas para el desarrollo productivo en regiones cordilleranas.
Organizaciones ambientalistas advierten que cualquier modificación que reduzca el alcance de la ley podría comprometer la protección de reservas clave de agua dulce. La normativa vigente no solo resguarda los glaciares, sino también las áreas que los rodean y cumplen funciones fundamentales en la regulación hídrica, un punto que se encuentra en el centro de la controversia.
En ese contexto, Greenpeace viene realizando distintas acciones para presionar al Congreso. En las semanas previas ya había desplegado intervenciones con mensajes dirigidos a los legisladores y participado de audiencias públicas para expresar su rechazo al proyecto. La organización sostiene que la reforma implicaría un retroceso en materia ambiental y pondría en riesgo el acceso al agua de amplias regiones del país.
La protesta que terminó con detenciones se suma a una serie de movilizaciones que acompañan el tratamiento legislativo. El debate no solo expone posiciones enfrentadas sobre el modelo de desarrollo, sino que también vuelve a colocar en el centro de la agenda el equilibrio entre la explotación de recursos naturales y la preservación de ecosistemas estratégicos en un contexto de creciente preocupación por la crisis climática.
- SECCIÓN
- Sociedad



COMENTARIOS