El Gobierno oficializó un aumento del 2,6% en las prestaciones básicas para personas con discapacidad

Buenos Aires, 22 de mayo de 2026. A través de la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó un incremento del 2,6% en los aranceles del nomenclador que regula las prestaciones para personas con discapacidad. Este ajuste, que toma como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, se aplica de forma generalizada sin distinción por tipo de prestación y representa la continuación de un mecanismo de revisiones periódicas acordado por el Directorio del Sistema.



El Sistema de Prestaciones Básicas, creado por la Ley 24.901, busca garantizar la atención integral a las personas con discapacidad a través de diversos servicios y prestadores. Según los fundamentos de la resolución, las actualizaciones responden a las propuestas elevadas por el propio Directorio y se calculan mensualmente en función de la inflación. Este aumento de mayo se suma al 3,4% dispuesto para abril y forma parte de un esquema que ya acumula un ajuste cercano al 15,5% en lo que va del año 2026.

La medida alcanza a todos los prestadores que integran el sistema y busca preservar el poder adquisitivo de los recursos destinados a la atención de las personas con discapacidad. Además, la resolución ratifica la vigencia del adicional por zona desfavorable, que implica un reconocimiento extra del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, tal como establece la normativa vigente.

Este tipo de ajustes mensuales representa un cambio respecto de esquemas anteriores, donde las actualizaciones eran menos frecuentes. Desde febrero, cuando se aplicó un incremento más significativo del 5,78%, el Gobierno optó por alinear las revisiones con la evolución mensual del IPC, con el objetivo de responder de manera más ágil a las fluctuaciones económicas.

La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, es la autoridad de aplicación de estas políticas. Fuentes oficiales destacan que el mecanismo busca garantizar la sustentabilidad del sistema y el acceso continuo a las prestaciones esenciales para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.