- Sociedad
- 08.04.2026
CRISIS DE TRANSPORTE EN EL AMBA
El Gobierno convocó a las empresas de colectivos tras una semana de recortes y caos en las paradas
La Secretaría de Transporte recibirá a los representantes del sector este jueves a las 11. El detonante es la suba de 25% del gasoil en el último mes, que dejó desactualizada la estructura de subsidios y empujó a las compañías a circular con hasta un 30% menos de unidades
El Gobierno nacional convocó a las cámaras empresariales del transporte para intentar destrabar el conflicto que desde hace días afecta al servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La reunión, que estaba prevista para este miércoles pero fue reprogramada a pedido de los propios empresarios —quienes reclamaron la participación del gobierno bonaerense—, tendrá lugar el jueves desde las 11 en el edificio del Ministerio de Economía, con el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, como interlocutor oficial.
La crisis comenzó a gestarse durante marzo, cuando el precio del gasoil acumuló una suba de 25% en el contexto del conflicto bélico en Medio Oriente. Según las empresas, el encarecimiento del combustible fue incluso mayor medido en sus propios costos operativos: desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) sostuvieron que pagaron 48% más por el combustible en relación a un mes atrás. El problema central es que ese aumento no fue absorbido por el esquema de subsidios vigente: mientras el Gobierno tomó como referencia un precio del gasoil de $1.744,15 por litro para calcular la asistencia estatal, las empresas lo están pagando a $1.915, una diferencia de casi 10%. Otras fuentes del sector mencionaron valores todavía más altos en surtidor.
La decisión de reducir frecuencias fue comunicada formalmente el 31 de marzo por cuatro cámaras empresariales: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. La medida abarca un total de 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Las tres primeras cámaras representan el 85% de las líneas de colectivos en el AMBA.
El impacto en la calle se hizo sentir de inmediato. En zonas de alto tránsito como Constitución, los usuarios encontraron largas filas y hasta tres columnas de pasajeros para tomar una misma línea. A la menor cantidad de unidades en circulación se sumó la lluvia, lo que agravó aún más las demoras durante la jornada del martes.
El conflicto tiene, además, una segunda dimensión que tensó aún más la situación este miércoles: el pago de los sueldos. Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y referente del grupo Dota, advirtió que el cuarto día hábil del mes —fecha estipulada para el pago de los subsidios— llegó sin que Nación ni la Provincia acreditaran los fondos. Los voceros de la UTA fueron directos: si los choferes no cobran, no van a trabajar. Y agregaron que si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos con qué salir.
El Estado destina alrededor de $90.000 millones mensuales para sostener el sistema de transporte público, cubriendo aproximadamente el 65% del costo real del boleto. El 35% restante es lo que paga el usuario en tarifa. Ese esquema funciona cuando los costos son estables, pero se vuelve insuficiente cuando el precio del combustible escala más rápido de lo que el Gobierno actualiza los valores de referencia.
Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), describió la situación como "muy delicada" y señaló que el cálculo oficial de tarifas y subsidios quedó desactualizado frente al aumento de costos. Las cámaras ya habían enviado una carta al secretario Herrmann solicitando que se incorporara el precio real del gasoil al cálculo y que se otorgara un anticipo adicional correspondiente a abril. Según Pasciuto, las autoridades fueron notificadas de la problemática con 15 días de anticipación mediante carta documento y nota formal, sin obtener respuesta ni propuesta de reunión.
La convocatoria oficial de este jueves es, en ese sentido, la primera señal concreta de que el Gobierno busca contener un conflicto que amenaza con escalar. Si la reunión no produce resultados tangibles sobre subsidios y reconocimiento de costos, el riesgo de un cese total del servicio seguirá vigente.
La crisis comenzó a gestarse durante marzo, cuando el precio del gasoil acumuló una suba de 25% en el contexto del conflicto bélico en Medio Oriente. Según las empresas, el encarecimiento del combustible fue incluso mayor medido en sus propios costos operativos: desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) sostuvieron que pagaron 48% más por el combustible en relación a un mes atrás. El problema central es que ese aumento no fue absorbido por el esquema de subsidios vigente: mientras el Gobierno tomó como referencia un precio del gasoil de $1.744,15 por litro para calcular la asistencia estatal, las empresas lo están pagando a $1.915, una diferencia de casi 10%. Otras fuentes del sector mencionaron valores todavía más altos en surtidor.
La decisión de reducir frecuencias fue comunicada formalmente el 31 de marzo por cuatro cámaras empresariales: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. La medida abarca un total de 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Las tres primeras cámaras representan el 85% de las líneas de colectivos en el AMBA.
El impacto en la calle se hizo sentir de inmediato. En zonas de alto tránsito como Constitución, los usuarios encontraron largas filas y hasta tres columnas de pasajeros para tomar una misma línea. A la menor cantidad de unidades en circulación se sumó la lluvia, lo que agravó aún más las demoras durante la jornada del martes.
El conflicto tiene, además, una segunda dimensión que tensó aún más la situación este miércoles: el pago de los sueldos. Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y referente del grupo Dota, advirtió que el cuarto día hábil del mes —fecha estipulada para el pago de los subsidios— llegó sin que Nación ni la Provincia acreditaran los fondos. Los voceros de la UTA fueron directos: si los choferes no cobran, no van a trabajar. Y agregaron que si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos con qué salir.
El Estado destina alrededor de $90.000 millones mensuales para sostener el sistema de transporte público, cubriendo aproximadamente el 65% del costo real del boleto. El 35% restante es lo que paga el usuario en tarifa. Ese esquema funciona cuando los costos son estables, pero se vuelve insuficiente cuando el precio del combustible escala más rápido de lo que el Gobierno actualiza los valores de referencia.
Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), describió la situación como "muy delicada" y señaló que el cálculo oficial de tarifas y subsidios quedó desactualizado frente al aumento de costos. Las cámaras ya habían enviado una carta al secretario Herrmann solicitando que se incorporara el precio real del gasoil al cálculo y que se otorgara un anticipo adicional correspondiente a abril. Según Pasciuto, las autoridades fueron notificadas de la problemática con 15 días de anticipación mediante carta documento y nota formal, sin obtener respuesta ni propuesta de reunión.
La convocatoria oficial de este jueves es, en ese sentido, la primera señal concreta de que el Gobierno busca contener un conflicto que amenaza con escalar. Si la reunión no produce resultados tangibles sobre subsidios y reconocimiento de costos, el riesgo de un cese total del servicio seguirá vigente.
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