Buenos Aires cerró 40 comedores "fantasma" y anunció que en 2026 toda la política social será completamente digital

La Ciudad de Buenos Aires lleva meses construyendo el argumento de que la asistencia social puede llegar a quienes la necesitan sin pasar por organizaciones intermedias. La conclusión más visible de ese proceso fue el cierre de 40 comedores comunitarios que el Gobierno porteño afirma que figuraban en los registros oficiales pero que, al momento de las inspecciones, sencillamente no existían. La fiscalización integral, apoyada en tecnología y controles diarios, confirmó la existencia de espacios que no entregaban comida, no permitían el ingreso de inspectores o directamente no funcionaban en la dirección declarada. Como resultado, se suspendieron de forma inmediata más de 5.000 raciones no justificadas, lo que según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat significaba un desvío de 20 millones de pesos por día.



La auditoría que derivó en esos cierres reveló un padrón plagado de anomalías. El cruce entre los listados presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 y los registros oficiales arrojó que figuraban como beneficiarios 454 personas fallecidas, 196 con dos o más inmuebles a su nombre, 1.517 con dos o más automóviles, y 476 con ingresos registrados superiores a los dos millones de pesos mensuales. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó públicamente contra el dirigente social Juan Grabois y el Movimiento Popular La Dignidad, organización vinculada a la UTEP, que apareció ligada a varios de los espacios clausurados, entre ellos comedores que, según los propios vecinos del barrio, nunca funcionaron.

El gobierno porteño presentó estos hallazgos como la justificación de un cambio más profundo en la forma de gestionar la asistencia. El nuevo sistema se apoya en la trazabilidad completa de cada ración, el registro nominal diario de todos los beneficiarios, la eliminación de la intermediación política y la fiscalización diaria de comedores y proveedores. El programa Ciudadanía Porteña fue el eje de esa transformación: con inscripción completamente virtual y pagos digitales a través de Buepp, la billetera del Banco Ciudad, la Ciudad avanza hacia 2026 con más de 160 nuevos comercios habilitados para compras de alimentos de manera directa y sin intermediación. Actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria diaria en la Ciudad, entre comedores comunitarios, centros de primera infancia, paradores para personas en situación de calle y el propio programa Ciudadanía Porteña.

La política porteña no ocurre en el vacío sino en un contexto en el que el gobierno nacional también desmanteló el andamiaje de intermediación que caracterizó durante años la asistencia social en Argentina. El gobierno de Javier Milei definió la eliminación del Potenciar Trabajo y lo reemplazó por dos nuevos programas, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, con el objetivo central de suprimir la intermediación de movimientos sociales y municipios. En paralelo, disolvió las 300 unidades de gestión que manejaban los intermediarios y cerró 59 Centros de Referencia, lo que según fuentes oficiales implicaba un desembolso estatal de alrededor de 34 millones de dólares anuales.

Ahora ese proceso llega a su etapa final. Desde abril de 2026, el gobierno nacional avanza con la eliminación de cerca de 900.000 planes sociales de $78.000 mensuales del programa Volver al Trabajo, que serán reemplazados por un sistema de vouchers de capacitación laboral. El voucher se entrega directamente al beneficiario, quien elige en qué institución capacitarse dentro de una red federal de centros de formación, sin transferencia a intermediarios ni organizaciones. Los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán inscribirse en el nuevo sistema de capacitación.

Las voces críticas no tardaron en aparecer. Organizaciones sociales, expertos urbanos y referentes políticos cuestionaron la propuesta de Macri por considerar que carece de políticas concretas de inclusión social y soluciones habitacionales integrales. Desde el campo académico, el análisis es más matizado: la virtual eliminación de los planes de cooperativas intermediados por movimientos sociales implicó que un número importante de jóvenes y adultos que trabajan en la informalidad queden sin apoyo financiero por parte del Estado. Un informe de la fundación Fundar advirtió que el ajuste del gobierno de Milei en programas sociales para jóvenes, adultos y adultos mayores fue tres veces mayor al de Mauricio Macri, con una caída del 39,8% en términos reales en ese segmento.

El gobierno porteño, por su parte, insiste en que la asistencia no se recorta sino que se reorganiza. Desde el Ejecutivo porteño aclararon que más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria diaria en la Ciudad y que la reorganización apunta a que esos recursos lleguen a los beneficiarios reales. Lo que está en disputa, en definitiva, es si el desmantelamiento de las redes de intermediación que durante décadas distribuyeron la ayuda del Estado —con sus abusos documentados y también con su función real de contención territorial— puede ser compensado por aplicaciones, billeteras digitales y vouchers de formación en un país donde casi la mitad de los trabajadores siguen en la informalidad.