Abril llega con subas en transporte, luz, gas y alquileres: cómo impactan en el bolsillo

Abril llegó con una seguidilla de ajustes que abarcan desde el transporte público hasta los servicios de luz, gas y agua, pasando por las cuotas de medicina prepaga y la renovación anual de los contratos de alquiler. Tal como estaba previsto, este miércoles entraron en vigencia los nuevos cuadros tarifarios para colectivos, subte y peajes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, mientras que las boletas de electricidad y gas comenzaron a llegar con incrementos que responden a la política de reducción de subsidios. A esto se suma la actualización de los alquileres bajo la antigua ley, con una suba del 33,3% según el Índice de Contratos de Locación (ICL).



En el transporte del AMBA, las subas responden a un mecanismo que combina el último dato de inflación del INDEC (febrero, 2,9%) más un dos por ciento adicional. Para los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo llegó a 873,37 pesos para los primeros tres kilómetros, con tramos superiores que alcanzan los 1197,39 pesos para los viajes más largos. En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas de colectivos de jurisdicción porteña tienen un pasaje mínimo de 715,26 pesos. El subte también se encareció: el boleto con SUBE registrada pasó a costar 1414 pesos, mientras que quienes viajan sin registrar la tarjeta pagan 2248,26 pesos. Además, los peajes en las autopistas porteñas registraron subas del 4,9%, con valores que varían según el horario y el tipo de vehículo.

Por el lado de los servicios públicos, las empresas distribuidoras de electricidad actualizaron sus cuadros tarifarios con diferencias según el nivel de ingresos de los usuarios. En el caso de Edesur, los hogares de altos ingresos (Nivel 1) pasaron a pagar un cargo fijo de 1393,73 pesos para consumos de hasta 150 kWh, más un cargo variable de 115,29 pesos por kWh adicional. En Edenor, el cargo fijo inicial es de 1414,93 pesos, con un variable de 115,28 pesos. En tanto, los hogares subsidiados mantienen un cargo variable de alrededor de 44 pesos por kWh dentro de los límites de consumo establecidos. La empresa de agua y saneamiento AySA aplicó el último tramo de un aumento del 4% iniciado a comienzos de año, con lo que la factura promedio residencial se ubicó en 29.094 pesos mensuales sin impuestos, aunque con variaciones según la zona de la ciudad.

En el rubro salud, las cuotas de la medicina prepaga aumentaron un 2,9% en abril, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de febrero. Empresas como OSDE, Galeno, Swiss Medical, Omint, Avalian, Hospital Alemán y Sancor Salud aplicaron este ajuste, que también se trasladó a los copagos por consultas y estudios médicos. El Hospital Italiano, por su parte, implementó una suba del 2,7%.

En cuanto a los alquileres, los contratos aún regulados por la antigua Ley 27.551 enfrentan una actualización anual del 33,3%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central. Este índice combina la evolución de los precios al consumidor y los salarios. Para los contratos firmados tras la desregulación del mercado, los ajustes suelen ser trimestrales o cuatrimestrales basados en el IPC u otros indicadores, lo que genera una mayor variedad de situaciones según lo pactado entre las partes.

En materia de combustibles, el Gobierno tomó dos decisiones con el objetivo de frenar la suba en el surtidor ante la escalada del precio internacional por el conflicto en Oriente Medio. Por un lado, permitió a las petroleras utilizar hasta un 15% de bioetanol en las naftas (antes era hasta 5,6%). Por otro lado, la Secretaría de Energía decidió no aumentar el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono en abril, una medida que desde el oficialismo justificaron como una forma de proteger al consumidor ante el contexto externo.

Especialistas consultados por distintos medios advierten que la confluencia de estos aumentos en un mismo mes profundiza el impacto en el presupuesto familiar, especialmente en los sectores de menores ingresos. Mientras desde el Ejecutivo nacional insisten en la necesidad de ordenar las cuentas públicas y eliminar subsidios considerados “distorsivos”, organizaciones de consumidores alertan sobre el riesgo de una mayor caída del consumo y un aumento de la morosidad en el pago de servicios.

Con abril recién iniciado, los usuarios enfrentan así un escenario de fuertes presiones sobre sus ingresos, en un contexto en el que la inflación general mostró una desaceleración en los primeros meses del año pero todavía se mantiene en niveles elevados. La combinación de ajustes tarifarios, actualización de alquileres, encarecimiento del transporte y suba de las prepagas configura un mes clave para medir la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo de las familias argentinas.