El costo del alquiler empuja a los inquilinos al endeudamiento y la mudanza forzada

La crisis del mercado inmobiliario en Argentina ha dejado de ser una estadística económica para transformarse en una encrucijada de supervivencia diaria para millones de personas. Según los datos más recientes difundidos por la organización Inquilinos Agrupados, basados en una encuesta federal realizada durante el mes de marzo de 2026, la presión financiera sobre quienes no son propietarios ha alcanzado un punto de quiebre. El informe revela que el 17,2% de los inquilinos se vio obligado a mudarse en el último trimestre debido a la imposibilidad fáctica de afrontar los cánones locativos. Este fenómeno de desplazamiento forzado se complementa con una realidad aún más alarmante: siete de cada diez hogares encuestados destinan hoy más del 40% de sus ingresos totales solo al pago del alquiler, una cifra que pulveriza los estándares internacionales de sostenibilidad habitacional.



El panorama se agrava al observar el comportamiento del consumo interno de estas familias. La necesidad de mantener un techo ha derivado en un recorte drástico de gastos esenciales; casi el 90% de los consultados admitió haber reducido consumos domésticos básicos, afectando incluso la alimentación y la salud. En este contexto, la deuda se ha convertido en el único mecanismo de contención para evitar el desalojo. Más de la mitad de los inquilinos ha contraído compromisos financieros para poder comprar comida, mientras que cerca de un 40% lo hizo específicamente para cubrir el alquiler del mes. El uso de la tarjeta de crédito para financiar necesidades primarias es la norma en un escenario donde solo una minoría logra garantizar las cuatro comidas diarias de manera regular.

Esta fragilidad estructural es también el resultado de un cambio en las reglas de juego tras la derogación de la Ley de Alquileres a finales de 2023. Investigaciones complementarias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coinciden en que la desregulación ha acortado drásticamente los plazos de los contratos y ha multiplicado la frecuencia de las actualizaciones de precio, que ahora suelen ser trimestrales. Esta inestabilidad contractual no solo genera incertidumbre económica, sino que acelera un proceso de "inquilinización" hereditaria; hoy, más del 40% de quienes alquilan pertenecen a una segunda generación que no logra acceder a la vivienda propia, consolidando una brecha de desigualdad que parece volverse permanente en la estructura social argentina.

De cara al futuro inmediato, las perspectivas de los sectores afectados son mayoritariamente pesimistas. El ajuste en las tarifas de servicios públicos y los incrementos en el transporte y combustibles proyectados para el próximo trimestre añaden una presión extra a presupuestos familiares ya agotados. Sin políticas de mediación estatal o regulaciones que equilibren la asimetría entre propietarios e inquilinos, el riesgo de un aumento en la precariedad habitacional —manifestado en el hacinamiento o el traslado a zonas periféricas alejadas de los centros laborales— se perfila como el desafío más urgente para la gestión pública en los meses venideros.