Entre clausuras y reclamos: la compleja pulseada por el orden en el Barrio 31

La calle Vicuña, antes tomada por puestos y estructuras improvisadas, amaneció despejada. Más atrás, en el sector ferroviario, una gomería montada sobre un colectivo en desuso desapareció. En Prefectura Naval, un taller de chapa que había crecido sobre la calzada fue desmantelado. Y en la intersección de Chejolán y Ramón Castillo, un lavadero de autos con construcciones ilegales que ya ocupaba media calle corrió la misma suerte. Esos son apenas algunos de los frentes visibles de un operativo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante desde hace meses en el Barrio Mugica, con el objetivo de poner fin al desorden que, según las autoridades, se ha vuelto a expandir.



El plan, ejecutado de manera conjunta por las carteras de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto a la Jefatura de Gabinete y la secretaría Legal y Técnica, apunta a liberar calles y veredas ocupadas irregularmente, intensificar los controles y clausurar actividades que, bajo la normativa vigente, no tienen posibilidad de regularización. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat sostienen que el barrio —que creció sin regulación desde 1930 hasta 2016— volvió a mostrar en los últimos años un crecimiento desmedido, con intentos de ocupación de terrenos que llegaron a ofrecerse hasta 20.000 dólares, y una población que hoy ronda las 45.000 personas, muy por encima de los 39.000 habitantes que arrojó el último censo oficial.

“Así como se hace en toda la Ciudad, trabajamos para poner fin al desorden. La idea es que haya una sola Ciudad, con las mismas reglas para todos, vivan donde vivan”, argumentaron desde la cartera que conduce Gabriel Mraida. En ese marco, además de las liberaciones de espacios, ya se concretaron clausuras de dos corralones de materiales —una actividad que la ley de reurbanización no permite dentro del barrio—, dos distribuidoras de bebidas, tres metaleras y se removieron carteles publicitarios montados sobre estructuras informales en la Autopista Illia.

Pero lo que para el gobierno es un paso necesario hacia la integración urbana, para muchos vecinos se ha convertido en un cerco que amenaza su sustento. En las últimas asambleas del Consejo de Gestión Participativa, los reclamos se multiplicaron. Alicia, una panadera que vive del negocio familiar junto a su esposo y tres hijos, contó que su local fue clausurado en septiembre pasado y que cada intento por reabrir choca contra la exigencia de una habilitación que, en el contexto del barrio, dice no poder obtener. “No es que no queramos pagar la luz, el gas o el agua. Es que no nos hicieron la urbanización. Queremos la urbanización, queremos pagar todos los servicios”.

Ese es el nudo del conflicto. Mientras los funcionarios porteños argumentan que la ley 6129, sancionada en 2016 para ordenar la integración del barrio, debió haber resuelto estas cuestiones, los comerciantes aseguran que sin títulos de propiedad, sin servicios formalizados y con una urbanización que consideran inconclusa, la exigencia de cumplir con la normativa es imposible de satisfacer. “Te piden habilitación, ¿cómo vas a habilitar si no está urbanizado esto? No tiene título de propiedad, no pagamos luz, agua. No dejan trabajar a la gente”, reclamó un verdulero de la zona de Cristo Obrero, que observa con impotencia cómo los operativos se suceden uno tras otro.

Detrás de las cifras oficiales —más de 1.500 comercios que, según el relevamiento del GCBA, operan sin ajustarse a la normativa de seguridad, higiene y ordenamiento— se esconde una realidad de alquileres informales que pueden llegar al millón de pesos, y de locales que se comercializan como si fueran propiedades formales. Para el gobierno, esos datos son la prueba de que el barrio necesita una intervención firme. Para los vecinos, son la evidencia de un abandono histórico que ahora se resuelve con clausuras y sin alternativas. “La idea es sacarnos a todos de acá”, declaró un comerciante ante los micrófonos de Urbana Tevé, reflejando un sentimiento que en las asambleas se repite: “Nos sentimos robados y acorralados. Ni en nuestra casa porque ya no es nuestra casa”.

Mientras tanto, los operativos continúan. El gobierno porteño sostiene que la intervención apunta a evitar que el crecimiento desmedido termine afectando a los propios vecinos, y asegura que los comercios que ya están habilitados podrán ponerse en regla si aún no lo hicieron. Pero en el barrio, la incertidumbre crece al ritmo de cada nueva clausura. La pulseada por el orden y la urbanización, lejos de resolverse, se profundiza en el día a día de una de las villas más grandes y simbólicas de Buenos Aires.