- Sociedad
- 08.05.2026
Jorge Macri presenta proyecto para normalizar obras irregulares en CABA
El jefe de Gobierno envió a la Legislatura porteña una iniciativa que busca legalizar construcciones terminadas en infracción a los códigos de edificación y urbanístico, con recargos progresivos y un plazo inicial de un año prorrogable.
La medida apunta a resolver problemas administrativos y económicos que afectan a propietarios y al sector inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El régimen especial propuesto abarca edificaciones de hasta 5.000 metros cuadrados en violación al Código de Edificación y hasta 2.500 metros cuadrados contra el Código Urbanístico, extendiéndose también a reformas en viviendas, clubes deportivos sin fines de lucro y centros culturales, educativos o sanitarios. Según el Ejecutivo, estas obras irregulares generan cargas injustas, como la imposibilidad de obtener créditos hipotecarios o la depreciación de propiedades, y esta normalización aportaría seguridad jurídica al mercado. Excluye, sin embargo, construcciones en zonas protegidas como Urbanización Parque, aquellas que comprometan la seguridad estructural o invadan espacios públicos más allá de lo permitido.
Para adherirse, los propietarios enfrentarán recargos significativos sobre los derechos de construcción: 250% para obras menores a 100 metros cuadrados, 350% entre 100 y 1.000 metros, y 700% por encima de eso, con un 250% fijo en viviendas individuales independientemente del tamaño. El Gobierno enfatiza que no se trata de una amnistía sin costo, sino de un esquema temporal con pagos escalonados posibles, aplicable solo a trabajos completados antes del 1 de abril de 2026, sin liberar de multas previas. Esta propuesta recuerda intentos similares en años anteriores, como en 2022, cuando se detectaron miles de casos pendientes de regularización en la ciudad.
El régimen especial propuesto abarca edificaciones de hasta 5.000 metros cuadrados en violación al Código de Edificación y hasta 2.500 metros cuadrados contra el Código Urbanístico, extendiéndose también a reformas en viviendas, clubes deportivos sin fines de lucro y centros culturales, educativos o sanitarios. Según el Ejecutivo, estas obras irregulares generan cargas injustas, como la imposibilidad de obtener créditos hipotecarios o la depreciación de propiedades, y esta normalización aportaría seguridad jurídica al mercado. Excluye, sin embargo, construcciones en zonas protegidas como Urbanización Parque, aquellas que comprometan la seguridad estructural o invadan espacios públicos más allá de lo permitido.
Para adherirse, los propietarios enfrentarán recargos significativos sobre los derechos de construcción: 250% para obras menores a 100 metros cuadrados, 350% entre 100 y 1.000 metros, y 700% por encima de eso, con un 250% fijo en viviendas individuales independientemente del tamaño. El Gobierno enfatiza que no se trata de una amnistía sin costo, sino de un esquema temporal con pagos escalonados posibles, aplicable solo a trabajos completados antes del 1 de abril de 2026, sin liberar de multas previas. Esta propuesta recuerda intentos similares en años anteriores, como en 2022, cuando se detectaron miles de casos pendientes de regularización en la ciudad.
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