Spagnuolo se negó a declarar en la indagatoria por la causa ANDIS

La causa por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició este martes una nueva fase procesal con la primera de una serie de indagatorias que se extenderán hasta fines de mayo. Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo y ya se encuentra procesado, fue el primero en presentarse ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, aunque se negó a declarar y se retiró sin brindar precisiones sobre las nuevas acusaciones que se le imputan. El exfuncionario llegó minutos antes de las 9 y apenas permaneció media hora en el edificio de Comodoro Py, en una comparecencia que los investigadores esperaban para profundizar un esquema que habría funcionado durante casi dos años dentro de la agencia.



La investigación, impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, sostiene que dentro de la ANDIS se montó una estructura destinada a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo y medicamentos de baja incidencia, conocidos como PACBI. De acuerdo con el dictamen fiscal, las maniobras habrían implicado la erogación de al menos 75.478 millones de pesos de fondos públicos en beneficio de un grupo reducido de proveedores. Según la acusación, el mecanismo consistía en simular procesos de competencia: se convocaba a un conjunto acotado de empresas vinculadas entre sí y con funcionarios, que actuaban de manera coordinada para asegurarse las adjudicaciones sin que existiera una real disputa por los contratos. El juez Ariel Lijo, a cargo del caso, describió esa operatoria como un sistema de “compulsas de precios direccionadas y cartelizadas”.

En paralelo a esta nueva batería de citaciones, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes para todas las personas físicas y jurídicas señaladas en el expediente, una medida cautelar orientada a evitar que los investigados puedan desprenderse de activos que eventualmente deberían ser recuperados por el Estado en caso de una condena. Lijo resaltó que las hipótesis delictivas que se investigan hacen presumible la existencia de maniobras tendientes a ocultar o transferir el producto de los ilícitos, lo que justifica el bloqueo patrimonial desde esta etapa del proceso.

El expediente tuvo su origen en agosto del año pasado, cuando un canal de streaming difundió audios en los que Spagnuolo (que también se desempeñó como abogado del presidente Javier Milei) aparentemente negociaba retornos económicos con proveedores del Estado a cambio de facilitarles el acceso a contratos públicos. Esas grabaciones dieron lugar a decenas de allanamientos en sedes oficiales y domicilios particulares, que incluyeron oficinas de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina. La defensa de Spagnuolo sostuvo desde entonces que los audios son apócrifos y que fueron manipulados mediante inteligencia artificial, aunque la Justicia ordenó pericias para determinar su autenticidad.

En esta segunda etapa de la causa, la mira judicial se enfoca en un nuevo circuito de corrupción vinculado a la compra de insumos hospitalarios y dispositivos médicos de alto costo, como sillas de ruedas, camas ortopédicas e implantes auditivos. Según los fiscales, durante el período investigado (que abarca desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025) la ANDIS funcionó como una “ventanilla de pagos” para un entramado que involucraba a exdirectivos del organismo y a un grupo de empresarios afines. El ex número dos de la agencia, Daniel Garbellini, también se presentó este martes ante la Justicia y, al igual que Spagnuolo, se negó a responder preguntas.

El cronograma judicial continuará en los próximos días con la comparecencia del resto de los imputados, entre ellos el empresario Miguel Ángel Calvete (a quien los fiscales identifican como el principal lobista de la trama y que actualmente está detenido en la cárcel de Ezeiza) y otros proveedores vinculados a las contrataciones bajo sospecha. La ronda de indagatorias, que se extenderá hasta el 26 de mayo, incluye tanto a exfuncionarios como a directivos de las firmas que habrían participado en las licitaciones amañadas. Por el momento, Spagnuolo y el resto de los investigados conservan su estado procesal, aunque la Cámara Federal aún debe definir si confirma o revoca los procesamientos dictados en la etapa anterior del expediente.

Mientras avanza la investigación, el gobierno de Javier Milei busca distanciarse del escándalo, que golpea de lleno una de las banderas centrales de su administración: la lucha contra la corrupción. En los tribunales de Comodoro Py, en tanto, la atención ahora está puesta en las próximas declaraciones, mientras los fiscales continúan reuniendo pruebas para determinar el alcance final del perjuicio al erario público y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.