La Corte Suprema prepara un fallo por corrupción contra Jorge Macri

Según reveló el periodista Carlos Pagni en su columna dominical en La Nación, el propio Macri habría anticipado a su equipo durante una reunión de gabinete realizada en diciembre que se prepararan para un fallo adverso del Máximo Tribunal. La advertencia se apoyaría en una señal concreta: la convocatoria de conjueces por parte de la Corte, un paso poco habitual que suele preceder resoluciones de alto voltaje institucional.

El expediente se remonta a 2016, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) abrió una investigación por la compra de un departamento en Miami valuado en poco más de 402 mil dólares. La operación habría sido realizada a través de la sociedad “IconUnit 1704”, constituida en marzo de 2011 por Jorge Macri y su entonces esposa, Florencia de Nardi, con un capital inicial de 10 mil dólares.

De acuerdo con la investigación, el inmueble fue adquirido mediante dos préstamos: uno otorgado por el BAC Florida Bank y otro por la firma uruguaya Fawsley SA. Este último crédito habría sido posteriormente transferido a una empresa radicada en Panamá, que terminó bajo control de Antonela Macri, hermana del actual jefe de Gobierno. Para los fiscales, esa secuencia de movimientos carece de sustento real y podría haber sido utilizada para encubrir el origen de los fondos.

Un año después, la propiedad fue vendida con una ganancia cercana al 25%, y el dinero regresó a la sociedad original, lo que reforzó las sospechas de una posible maniobra de blanqueo.

En 2019, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado sobreseyó a Macri al considerar que no existía delito, decisión que luego fue avalada por la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló ambos fallos y, tras el rechazo de la Cámara de Casación Penal a revisar el caso, elevó el planteo a la Corte Suprema.

En los últimos días de 2025, tras el sorteo de cojueces, el máximo tribunal designó a Abel Sánchez Torres, de la Cámara Federal de Córdoba, y Pablo Candisano Mera, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Ambos aceptaron intervenir en la definición del expediente y se sumarán a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para definir si la causa debe reabrirse, tal como solicitó el procurador general interino Eduardo Casal y como cree Pagni que efectivamente sucederá.