La Aduana y la Policía de la Ciudad secuestraron autos de lujo por más de $500 millones

La Dirección General de Aduanas secuestró cuatro automóviles de alta gama, dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang que superan ampliamente los 100.000.000 de pesos por unidad; habían sido ingresados al país de manera ilícita, en un operativo conjunto con la Policía de la Ciudad, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Migraciones. El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante los allanamientos, efectivos de la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad detuvieron e incomunicaron a dos ciudadanos argentinos. Asimismo, fueron secuestrados una camioneta Toyota SW4 con patente argentina, 30 millones de pesos en efectivo, 20 mil dólares estadounidenses y un arma de fuego sin documentación.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Marcelo Bernachea, se inició tras una alerta detectada por la Aduana en Paso de los Libres. Las actuaciones permitieron detectar un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes, mediante el cual ciudadanos residentes en Paraguay ingresaban los automóviles a la Argentina con fines turísticos.

Según la causa, se hacía un uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 de la AFIP), ya que los rodados no regresaban a su país de origen y quedaban en territorio argentino para ser utilizados por sus verdaderos propietarios.

Las pruebas recolectadas indican que la maniobra era coordinada por dos ciudadanos radicados en la Ciudad, quienes exhibían los automóviles en redes sociales, videoclips de artistas de música urbana y los alquilaban para producciones audiovisuales. Uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De acuerdo con el artículo 865 del Código Aduanero, los hechos podrían encuadrarse en el delito de contrabando agravado, que prevé penas de hasta diez años de prisión. La investigación continúa en curso y se estima que el esquema operaba al menos desde 2023.