Procesaron con prisión preventiva al policía acusado de matar a Gabriel González en Villa Lugano

El oficial de la Policía de la Ciudad acusado de haber asesinado a Juan Gabriel González, un vecino de Villa Lugano de 45 años, fue procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad. La resolución fue dictada por el juez Hugo Decaría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 20, quien consideró que "los elementos de prueba incorporados hasta el momento acreditan la materialidad y participación del imputado" en el procedimiento que terminó con la muerte del hombre el 25 de diciembre pasado.

El policía procesado es el oficial primero Darián Gastón Miño, quien además quedó alcanzado por un embargo sobre sus bienes por más de 110 millones de pesos. Está acusado de haber disparado una escopeta a corta distancia contra González, en un episodio ocurrido en la puerta de la vivienda de la víctima, en el marco de un operativo policial desplegado tras denuncias por disturbios en la Villa 20.

En el mismo fallo, el juez Decaría dispuso el sobreseimiento del hijo de la víctima, Dante Gabriel González; de su pareja, Nelly Portillo; y de un vecino, Néstor Chávez. Los tres habían sido detenidos y acusados inicialmente por la Policía de la Ciudad de “homicidio en riña” y desobediencia, pero ahora quedaron desvinculados del proceso y podrán presentarse como querellantes por las lesiones y el falso encarcelamiento que sufrieron.

Según la investigación judicial, el disparo que mató a González fue efectuado con munición múltiple desde una distancia menor a cinco metros, la autopsia determinó que la víctima murió por heridas en el tórax y el abdomen que provocaron graves hemorragias internas y externas. Peritajes del Cuerpo Médico Forense confirmaron la presencia de postas metálicas en el cuerpo y un orificio de entrada de 14 centímetros de diámetro en la zona abdominal.

La causa se apoyó en pruebas consideradas determinantes: videos filmados por vecinos, testimonios presenciales y pericias forenses. En las imágenes se observa a González desarmado y sin camisa, enfrentando a tres efectivos, hasta que el oficial Miño se acerca y dispara a corta distancia.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que representa a la familia de la víctima, denunció desde un primer momento un intento de encubrimiento por parte de la fuerza. “La tarde de Navidad nos sacudieron las imágenes que llegaban de la villa 20, en Lugano. Vimos, casi en vivo, cómo de un grupo de policías que hostigaba al vecindario se desprendió uno que disparó su escopeta a corta distancia de Juan Gabriel González, que estaba descalzo y sin remera en la puerta de su casa. De inmediato se puso en marcha el operativo encubrimiento. Mientras el oficial primero Darián Gastón Miño se retiraba del lugar, sus colegas armaron la “historia oficial” que notificaron al juzgado de turno: “En una pelea entre vecinos, uno resultó herido por arma blanca”, detalló.




Esa versión comenzó a desmoronarse con los resultados de la autopsia y el aporte de material audiovisual por parte de los vecinos. Como consecuencia, además del procesamiento de Miño, el juzgado imputó a otros cinco policías (una mujer y cuatro hombres) de la Ciudad por presunto encubrimiento, alteración de pruebas y omisión de denunciar un delito. La investigación está a cargo del fiscal Edgardo Orfila.

Tras el hecho, el Ministerio de Seguridad porteño informó que el oficial involucrado fue pasado a disponibilidad y que se inició un sumario interno a cargo de la Oficina de Transparencia y Control Externo y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad. En un comunicado, la cartera señaló que “si algún efectivo actúa fuera de la ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

El episodio ocurrió el 25 de diciembre, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de Chilavert y Araujo tras llamados al 911 que denunciaban disturbios y peleas entre vecinos. Durante la intervención de la División Unidad Táctica de Pacificación, se produjo una represión que terminó con González gravemente herido. Fue trasladado por el SAME al Hospital Piñeiro, donde se confirmó su fallecimiento. Su pareja, Nelly Portillo, también resultó herida por un disparo en una pierna.

Miño está acusado del delito de homicidio agravado por abuso de su función, previsto en el artículo 80, inciso 9, del Código Penal, que contempla la pena de prisión perpetua. Mientras la causa avanza, el caso volvió a poner en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad y los mecanismos de control frente a hechos de violencia institucional.