A cinco años de la IVE, el Estado dejó de entregar medicamentos y se multiplican las barreras para acceder al aborto

A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), organizaciones sociales y datos oficiales muestran un fuerte retroceso en su implementación. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó ni misoprostol ni mifepristona, los medicamentos esenciales para garantizar abortos seguros, lo que derivó en un aumento de denuncias por obstáculos en el acceso y en una mayor carga para las provincias. Además, se dejaron de publicar los informes de gestión de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera sanitaria.

Según un análisis del Centro de Datos de Chequeado sobre la ejecución de metas físicas del Presupuesto Abierto, durante todo 2024 y los primeros nueve meses de 2025 no se entregó ningún tratamiento para la IVE/ILE (Interrupción Legal del Embarazo). La caída es total, en 2022 se habían distribuido más de 70 mil medicamentos y en 2023 esa cifra había superado los 106 mil. El desplome coincide, además, con una reducción abrupta en la entrega de preservativos y otros anticonceptivos por parte del Estado nacional.

El propio Ministerio de Salud justificó en documentos oficiales de 2024 que la falta de insumos se debió a demoras en las licitaciones. Frente a ese escenario, la mayoría de las provincias salió a comprar por su cuenta los medicamentos para sostener las prácticas, aunque con dificultades y sin previsibilidad. Así lo advirtió el Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la ONG Ibis Reproductive Health, que señaló que la decisión nacional de no comprar los fármacos generó desabastecimiento y tensiones entre jurisdicciones.

Pese a este contexto, durante 2024 se registraron al menos 79.186 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el país, según datos obtenidos vía acceso a la información pública. La provincia de Buenos Aires encabezó el listado con 42.360 prácticas, seguida por Santa Fe (6.327), Tucumán (4.694), la Ciudad de Buenos Aires (4.451) y Salta (4.213). En el extremo opuesto, Formosa, Tierra del Fuego, Jujuy y La Pampa informaron menos de 400 casos cada una. San Juan no respondió los pedidos oficiales y Nación tampoco difundió cifras correspondientes a 2025.

Los informes sanitarios muestran, sin embargo, que la ley sigue teniendo impacto positivo donde se implementa, entre el 84% y el 96% de las interrupciones se realizaron antes de las 12 semanas de gestación y el 95% se resolvió dentro del plazo legal de diez días. El aborto con medicamentos fue el método más utilizado y las prácticas quirúrgicas, aspiración manual endouterina (AMEU), representaron menos del 0,5% de los casos. En total, 578 efectores públicos brindaron atención, aunque con grandes diferencias entre provincias.

La mayor alerta proviene de las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional denunció que en 2025 se triplicaron las consultas y denuncias por barreras de acceso a la IVE/ILE. Solo entre enero y abril de este año, la entidad recibió 160 casos, más que en todo 2024.

 

Además, se advierte una falta de información oficial, ya que no hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la aplicación de la ley, según señaló Amnistía. Esta carencia de información pública hace que las personas no sepan a dónde acudir ni cómo exigir el cumplimiento de sus derechos y, en lo que va de 2025, casi el 60 % de los casos recibidos por la organización a través de su formulario estuvieron relacionados con obstáculos para acceder a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto.

Los testimonios relevados dan cuenta de un patrón que se repite: hospitales que informan no tener medicación, exigencias ilegales para que las pacientes compren misoprostol por su cuenta, con costos que en 2024 rondaban los 100 mil pesos, y situaciones de maltrato o consejerías disuasorias. “En los lugares donde debería haber atención garantizada aparecen barreras”, advirtió la organización.

La ley 27.610, sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada en 2021, permitió que más de 245 mil personas accedieran a abortos seguros en el sistema público hasta octubre de 2023 y duplicó la cantidad de centros de salud que brindan la práctica.

No obstante, Amnistía y otros organismos denuncian que desde la asunción de Javier Milei se produjo un “desmantelamiento sistemático” de las políticas de salud sexual y reproductiva, que incluye el cierre del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y una reducción del 81% en la distribución de métodos anticonceptivos.

A cinco años de su aprobación, la Ley IVE sigue vigente, pero su aplicación atraviesa un escenario crítico. La falta de insumos, de información pública y de datos oficiales actualizados pone en riesgo un derecho que fue conquistado tras años de debate social y que tiene un impacto directo en la salud y la vida de mujeres y personas con capacidad de gestar.