Argencons pagó US$46,5 millones por un predio estatal en Belgrano pese al rechazo vecinal

La desarrolladora Argencons desembolsó US$46,5 millones para quedarse con un predio estatal de casi una hectárea en el Bajo Belgrano tras una subasta realizada por el Gobierno nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El monto superó ampliamente el precio base fijado de US$21,3 millones, en una operación que generó fuerte controversia entre los vecinos de la zona.

El terreno pertenecía a la Policía Federal Argentina (PFA) y fue desafectado del Ministerio de Seguridad, ocupa una manzana completa delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, en la Comuna 13 con una superficie total de 12.518 metros cuadrados. Hasta ahora, el predio era utilizado como playón para el estacionamiento de vehículos policiales y de bomberos.

En la subasta participaron seis oferentes. Además de Argencons, presentaron ofertas Ciudad G3, Quesada 2441 y Santagada LINE, con ofertas que rondaron entre los US$40 y 45 millones. También compitió IRSA, del empresario Eduardo Elsztain, con una oferta de US$27 millones.

Tras la operación, la empresa anunció el desarrollo de un complejo residencial premium, denominado Quartier Residence, que contará con departamentos de tres y cuatro dormitorios y un jardín central de 3.000 metros cuadrados. La normativa urbana del área permite edificaciones de hasta cinco pisos, por lo que se prevé un emprendimiento de viviendas de mediana escala.

La venta del inmueble generó resistencia entre vecinos del Bajo Belgrano, que días antes de la subasta se movilizaron en rechazo a la construcción de emprendimientos inmobiliarios de gran escala por el impacto urbanístico y ambiental en el barrio. La Asociación Vecinos del Bajo Belgrano había propuesto la expropiación del terreno para destinarlo a un espacio verde público, en el contexto de las deudas de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad.

El predio había sido usado en 2019 al Gobierno porteño mediante un permiso de uso precario firmado el último día de la gestión de Mauricio Macri, autorización que fue revocada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. Según la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la propiedad no posee valor patrimonial, lo que habilita su demolición o modificación.

La subasta se inscribe en el Decreto 575/2025, que establece que los fondos obtenidos por la venta de inmuebles estatales ingresan directamente al Tesoro Nacional. Desde el Gobierno señalaron que la medida forma parte de una estrategia para generar recursos a partir de activos considerados subutilizados, en un contexto de ajuste fiscal. Para Argencons, además, se trata del primer desarrollo desde el ingreso de Eduardo Costantini como accionista mayoritario, luego de la compra del 51% de la compañía en 2025.