La UBA iniciará acciones legales para exigir la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario

En una decisión unánime el Consejo Superior con el objetivo de hacer cumplir la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, recientemente aprobada por el Congreso Nacional. La medida busca garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y no docentes, en un contexto de profunda crisis presupuestaria.

Pese a haber sido promulgada mediante el decreto 759/2025, la ley fue suspendida en su aplicación material por el Poder Ejecutivo, a la espera de que el Congreso defina fuentes específicas de financiamiento. Para la UBA, esta maniobra “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso”.

La Universidad advierte que la no ejecución de la ley representa un “ataque directo” al sistema universitario nacional, impidiendo el acceso al financiamiento y la mejora salarial prometida en el texto aprobado por ambas cámaras. En este marco la UBA declaró la emergencia salarial y presupuestaria, y denuncia una pérdida del 40% del poder adquisitivo del personal docente y no docente, como consecuencia de la inflación acumulada del 250% desde diciembre de 2023.



La Ley 27.795 establece una serie de medidas urgentes: convocatoria a paritarias salariales, actualización automática de gastos de funcionamiento, creación de fondos específicos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. “No ejecutar la Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, señalaron en la cuenta de X de UBA Online. 

El Consejo Superior encomendó al rector, Ricardo Gelpi, iniciar las acciones judiciales pertinentes a través de la Secretaría General, y solicitó a todas las unidades académicas y organismos de la UBA dar amplia difusión a esta decisión, la Universidad insiste en que se deben tomar todas las medidas legales necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma y la plena vigencia de los derechos que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática.

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