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- 19.08.2025
CIUDAD
Familias y organizaciones hacen una vigilia en Casa Rosada en rechazo al veto a Discapacidad
La Justicia declaró inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y este miércoles será debatido en Diputados. En la previa, organizaciones del sector movilizarán en Plaza de Mayo desde las 19 horas.

La convocatoria fue motorizada por la inminencia del debate que se realizará el miércoles desde las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados, donde, entre otros temas sensibles, se discutirá el veto presidencial a la ley, que ya fue rechazado en el Senado y necesita de dos tercios de los votos para caer. En caso de lograrse ese número, el texto deberá volver a la Cámara alta para su ratificación definitiva.
La vigilia se extenderá hasta el inicio de la sesión en el Congreso, el miércoles a las 11, cuando comenzará una marcha federal que se replicará en distintos puntos del país. En la convocatoria se sumaron figuras de la cultura como León Gieco y Gustavo Santaolalla, que acompañarán la consigna “basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”.
En esa línea, el martes la Justicia dio un revés, cuando el juez Adrián González Charvay falló en favor de los discapacitados, acreditando que la decisión presidencial “vulnera compromisos internacionales” en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
Las organizaciones convocantes remarcaron que la ley sancionada “protege las pensiones no contributivas de personas con discapacidad en situación de pobreza”, así como “el acceso al Programa Federal Incluir Salud, a través de la creación de una Pensión propia por Discapacidad”. Asimismo, garantiza la rehabilitación, respaldo, transporte y medicación; y contempla la actualización de los ingresos de trabajadores en talleres protegidos, que hoy perciben apenas 28.000 pesos mensuales.
“El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es austeridad, es abandono”, sostuvo el coordinador del Foro, Pablo Molero, quien además subrayó que perder las prestaciones no es cambiar de cobertura, sino “quedarse sin atención, porque el Estado no cuenta con dispositivos públicos que reemplacen lo que hoy garantizan las instituciones”.
Desde el Gobierno, en cambio, se justificó el veto alegando que la norma aprobada por el Congreso atentaba contra el “equilibrio fiscal” y se contradice con el mandato de “erradicar definitivamente la inflación”. Sin embargo, para las organizaciones sociales, el impacto en las cuentas públicas es mínimo frente a la magnitud de los derechos que están en juego.
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