"Cada vez más personas viviendo en la calle", por Werner Pertot

Todos los años hay una distancia sideral entre la cantidad de personas en situación de calle que mide el Gobierno porteño y la que miden, en su propio censo, las organizaciones que trabajan con esa población. Este año, el informe preliminar del CELS, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de estudio Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA indicó que hay 11.892 personas en situación de calle. ¿Cuántas admite el Estado porteño? Unas cuatro mil. Y que, a nivel país, en lo que va de 2025 ya murieron 63 de esas personas. De esas, 13 fueron en la Ciudad de Buenos Aires. Hay legisladores alertando sobre la falta de un trabajo específico sobre esa población. 

La cifra, basada en un relevamiento exhaustivo, pone en evidencia la profundización de la crisis habitacional en todo el país, pero especialmente en grandes centros urbanos como CABA. El informe también remarca que en los últimos dos años se ha reforzado una lógica de criminalización de la pobreza. “Hemos visto un abordaje punitivo, estigmatizante y discriminatorio. Incluso, el propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartió imágenes en redes sociales mostrando operativos para retirar personas en situación de calle, bajo la consigna de ‘orden y limpieza’, como si fueran objetos y no seres humanos”, expresó una de las personas que trabajó en el informe.

En esa línea, destacan un dato provisto por el Ministerio Público de la Defensa de CABA, que indicó un aumento del 128 por ciento en las denuncias por violencia institucional contra personas sin techo entre 2023 y 2025. Testimonios recabados durante el censo realizado a 11.892 personas en situación de calle coinciden en señalar prácticas de hostigamiento, persecución, robo de pertenencias y expulsión de espacios públicos por parte de agentes de la Ciudad.

El informe también advierte que el problema no parece ser como en otros años una cuestión de ajustes: de hecho, indica que el Gobierno de la Ciudad aumentó su presupuesto para dispositivos de alojamiento transitorio, como paradores nocturnos con cama, ducha y comida. Pero, advierte, estas medidas no están alcanzando para la cantidad de población que ahora vive en la calle.

Peor aún es la actitud del Gobierno Nacional, que avanzó en desprenderse de su compromiso frente a la Ley Nacional para Personas en Situación de Calle y transferir sus responsabilidades a las provincias. “El aumento de personas viviendo en la calle debe leerse en un contexto de retirada del Estado. Se eliminaron secretarías clave y organismos públicos, y hoy intentan
cerrar el Fondo de Integración Sociourbana, que financia obras para mejorar barrios populares. En la Ciudad, el presupuesto del Instituto de Vivienda cayó un 28 por ciento”, advirtieron. 

En esa misma línea, la legisladora porteña del FIT-Unidad, Mercedes Trimarchi, presentó una iniciativa en la que también advirtió que desde la gestión de Jorge Macri se habrían rechazado “más del 93 por ciento de los pedidos presentados por grupos vulnerables para acceder a programas de alquiler social durante el 2024”.

Tras la ola polar de las semanas anteriores y ante la llegada de una nueva, Trimarchi remarcó que “la brecha con el censo oficial (que reconoce solo algo más de cuatro mil) es una muestra más del ocultamiento y subregistro que el Gobierno de Jorge Macri utiliza para maquillar la realidad social”. “La política habitacional porteña es una herramienta de segregación, que privilegia sectores de mayores ingresos (como el norte de la ciudad) y abandona a los barrios populares y vulnerables del sur y el oeste, donde la precariedad y la informalidad son moneda corriente”, afirmó la legisladora.

No cabe duda de que la calle no es un lugar para vivir. Tampoco que cada vez se hace menos para que esto deje de ocurrir.