En tiempo récord, Gendarmería cerró el expediente administrativo por el ataque a Pablo Grillo

La Gendarmería cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, sin formular ningún reproche disciplinario. El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones ya que el informe interno de Gendarmería se cerró sin reproches disciplinarios.
 
Para la familia Grillo, que es querellante en la causa judicial, el análisis del expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”. “Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes.
 
Sumario administrativo
 
El 17 de marzo, cinco días después de la represión, en medio de la presión social y mediática por lo ocurrido, el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, ordenó iniciar la Información Administrativa N° 01/25 para "corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del Destacamento Móvil 6", en el marco de las órdenes de servicio 659 y 660/25.
 
Ese mismo día designó como sumariante al Comandante Mayor Adrián Barressi. Al día siguiente, Barressi ya había producido su “informe final”, en el que, tras tomar declaración únicamente a personal de la fuerza, concluyó que no existía reproche disciplinario alguno. Eso significa que el cabo Guerrero continúa en funciones.
 
“Hecho fortuito”
 
El informe atribuyó el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo a un “hecho fortuito”, producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse "en la línea de tiro". Es decir, le echaron la culpa a Pablo por haber recibido el impacto del arma de Guerrero. Ese mismo 18 de marzo, el asesor jurídico José Carlos Lodolo emitió dictamen coincidente y convalidó la versión oficial.
 
El expediente fue reabierto pocos días después. El 25 de abril, frente a los intensos movimientos en la causa penal en la que se le requería a Gendarmería información sobre el operativo y sobre Guerrero, el Comandante de Región Ie ordenó al sumariante que tome nuevas medidas, entre ellas: ampliar declaraciones de efectivos, detallar la nómina del personal actuante, precisar el uso de granadas y medios disuasivos, incorporar partes médicos y realizar una pericia sobre “la mecánica del hecho que dejó a un fotógrafo herido”.
 
Sin embargo, un par de días después se firmó un segundo dictamen jurídico, que reiteró, pese a la nueva prueba incorporada, que no correspondía formular reproches disciplinarios. El 29 de abril, Porra Melconian volvió a dar por finalizada la investigación administrativa. El expediente se cerró dos veces con las mismas conclusiones.
 
Problemas de la investigación
 
Todas las declaraciones prestadas por personal y jefes de Gendarmería Nacional que intervinieron en el operativo son coincidentes. El relato que se repite, con mínimas variaciones de forma, afirma que se desarrolló “con profesionalismo”, que las órdenes fueron “claras y ajustadas a los reglamentos”, que “se priorizó la seguridad de todos”, y que “el personal actuó conforme al protocolo vigente”.
 
Personal actuante
 
Uno de los puntos más graves del expediente es la forma en que se abordó el disparo que hirió en la cabeza a Pablo Grillo. Se lo calificó desde el inicio como un “accidente” producto de la baja visibilidad y la ubicación imprudente de la víctima en “la línea de fuego”. Así, el sumario trasladó la responsabilidad por el hecho al propio Pablo Grillo y a los demás manifestantes por haber quedado atrapados frente al cordón de Gendarmería desde el cual Guerrero realizó sus disparos prohibidos.
 
A su vez, un informe que analiza un video del hecho afirma que la granada que impactó en la cabeza del fotógrafo “rebotó dos veces en el suelo antes de golpearlo”, y que eso indicaría que la trayectoria “fue dirigida al suelo” y que el impacto se habría producido por un “hecho fortuito”.
 
Guerrero
 
El gendarme dijo que actuó según el protocolo, que disparó al suelo, que no vio a nadie herido y que se enteró de lo ocurrido por los medios, días después. Hasta este momento, el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero solo declaró en el marco del expediente administrativo tramitado por la propia Gendarmería.
 
Esto significa que habló sobre lo ocurrido en un entorno completamente controlado, ante un superior de su propia fuerza, sin repreguntas y sin contraposición o control de la veracidad de sus dichos con otras pruebas. Guerrero aún no prestó declaración indagatoria en la causa penal que investiga los hechos.
 
El Comandante Principal Néstor Germán López, jefe del Destacamento Móvil 6, declaró que el accionar del escuadrón “se desarrolló con respeto al marco normativo y legal vigente”, y negó haber observado incidentes relevantes durante la represión del 12 de marzo. Dijo que los manifestantes heridos no portaban elementos distintivos de prensa, lo que, según él, dificultaba su identificación. A su vez, afirmó que todas las órdenes fueron impartidas por el Comando Unificado y coordinadas con el Ministerio de Seguridad Nacional, eludiendo cualquier tipo de valoración crítica sobre su legalidad o proporcionalidad.
 
Cierre express para garantizar impunidad: la información administrativa fue cerrada en tiempo récord: menos de dos meses después del operativo. El 17 de marzo se ordenó iniciarla, el 18 ya tenía un informe final, y el 19 se firmó la resolución de cierre. Luego, aunque se incorporaron algunas pruebas más durante abril y mayo, las conclusiones no se alteraron.
 
Aunque entre las pruebas remitidas por la propia Gendarmería está el manual de uso de la pistola lanzagases que establece que disparos como los que hizo Guerrero, en ángulo horizontal y dirigidos a las personas, están prohibidos porque podrían provocar heridas de gravedad o incluso la muerte, las máximas autoridades de Gendarmería prefirieron quedarse con los relatos repetidos de los efectivos, advirtió la querella.