Bullrich busca una reforma de la PFA que incluye tareas de vigilancia digital sin intervención judicial

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elaboró un proyecto para reformular en profundidad la Policía Federal Argentina (PFA) bajo el modelo deL FBI, bajo la premisa de transformarla en un cuerpo de investigación federal centrado en el combate al crimen organizado. Uno de los puntos que genera mayor tensión dentro del propio oficialismo es la incorporación de tareas de vigilancia digital sin intervención judicial previa, por medio del cual se faculta a la fuerza a realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas” sin necesidad de orden judicial.
 
En esa línea, destacan "la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y privacidad de las personas”. Asimismo, el documento amplía las facultades operativas en el territorio. En tanto, el inciso 7 autoriza detenciones sin orden judicial si existieran “circunstancias debidamente fundadas” que permitan presumir que una persona haya cometido o pueda cometer un delito, y no pueda acreditar su identidad. La PFA podrá trasladar a una dependencia “con noticia al juez con competencia en turno”, quedando demorada por el “tiempo mínimo necesario”.
 
En paralelo, el borrador sostiene que la Federal tendrá permitido“efectuar tareas de inteligencia criminal, mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la Seguridad Interior”. Y agrega que podrá “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, sin precisar el alcance o los criterios de esa calificación.
 
En su conjunto, la iniciativa concentra más poder en la fuerza y en la cartera que la conduce, habilitando también la posibilidad de ampliar las tareas de la PFA a pedido del Ministerio de Seguridad. Tal como lo señala el inciso 12, se podrán “realizar las acciones necesarias para la prevención del delito y de mantenimiento del orden público”, ampliables por requerimiento ministerial.