El Gobierno profundiza la criminalización de la protesta: hay traslados a penales federales

El miércoles mientras el Senado aprobaba la Ley Bases y el paquete fiscal, las diferentes fuerza federales y de la Ciudad iniciaron una represión contra la marcha pacífica que terminó con 33 detenidos. Las irregularidades se vieron durante toda la jornada y continuaron en las comisarías porteñas. Ante este escenario, organizaciones y familiares de los detenidos realizan hoy una conferencia de prensa para denunciar el proceso judicial al que están siendo sometidos y que incluye traslados a cárceles federales.
 
La conferencia de prensa será hoy a las 15 horas en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Piedras 730 CABA. Según anunciaron denunciarán las falsas imputaciones y calumnias realizadas por Patricia Bullrich, Manuel Adorni, replicados por un escandaloso dictamen del fiscal Carlos Stornelli contra las organizaciones, manifestantes y legisladores que participamos en la masiva movilización en la Plaza Congreso, en repudio de la Ley Bases el miércoles 12.
 
Traslados a cárceles federales
 
En las primeras horas de hoy, al pasar la causa penal que estaba en el Poder Judicial porteño al fuero federal, algunos de las y los detenidos fueron trasladados a penales del SPF de Marcos Paz y Ezeiza. Las organizaciones advierten que el traslado se realizó antes de resolver las situaciones procesales, es decir, sin que la jueza Servini haya resuelto aún si son excarcelados o se les dicta la prisión preventiva, tal como pidió el fiscal federal Carlos Stornelli.
 
El resto de detenidos están en Comodoro Py esperando para presentarse a su indagatoria.
 
El rol de Stornelli en la criminalización de la protesta
 
El fiscal nacional Carlos Stornelli pidió la prisión preventiva de las y los detenidos basándose en un breve pronunciamiento que hizo la Oficina del Presidente de la Nación -un órgano inexistente en el Estado- (OPRA) en el que hicieron referencia a “grupos terroristas” y a la intención de “perpetrar un golpe de Estado”.
 
El uso abusivo del proceso penal, la banalización y el uso bastardo de las figuras legales son los mecanismos que organizaciones de derechos humanos identificaron ante El Destape en lo que consideran un “proceso de criminalización” para “inhibir la protesta”. Además, señalaron, que la práctica del fiscal es “ilegítima”.
 
 
Del total de las personas detenidas, 23 habían quedado bajo la órbita de la Justicia de la CABA y las otras diez, en manos de la federal. El pedido de Stornelli fue hecho para este segundo grupo, sin embargo, a última hora del jueves, todas quedaron bajo su órbita luego de que la Justicia porteña se declarara incompetente.
 
Stornelli busca determinar “eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí” -algo necesario para poder encuadrarlo en esa figura de “terrorismo”- ante lo que consideró “graves hechos” ocurridos en las inmediaciones del Congreso nacional. El fiscal, además, habló en su pedido de “violencia colectiva”, de “organización” y de “alzamiento del orden constitucional y la vida democrática”.
 
La decisión de Servini
 
Luego del traspasó a la órbita federal, la jueza federal María Servini quedó a cargo del proceso de los 33 detenidos. Se informó que ya indagó a los primeros diez detenidos. Ahora, la jueza deberá decidir si declara la prisión preventiva o la libertad de las y los detenidos.