EDUCACIÓN

Tras los reclamos, Acuña aseguró que las cámaras se pondrán “donde sean necesarias”

La instalación de cámaras de seguridad en las aulas de los establecimientos porteños generó el rechazo de la comunidad educativa. No obstante, la ministra afirmó que se instalarán “para cuidar el patrimonio de las escuelas”.


La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, desoyó las críticas de la comunidad educativa y ratificó la intención de instalar cámaras de seguridad en las aulas de las instituciones públicas del distrito al justificar que serán “para cuidar el patrimonio de las escuelas”.

El gobierno porteño instalará cámaras de vigilancia en 147 escuelas para prevenir robos de computadoras y equipamiento tecnológico. En contacto con El Destape, la titular de la cartera educativa reiteró que es una necesidad y que se llevará adelante la iniciativa a pesar de las protestas.

"Desde la Ciudad hacemos un gran esfuerzo por dotar a los docentes y a los alumnos con la mejor tecnología posible entregando computadoras, tablets, pantallas táctiles y kits de robótica para mejorar la calidad de la educación”, recordó Acuña, en respuesta a la postura tomada por los gremios docentes.

En ese plano, la ministra indicó que la semana próxima comenzarán los trabajos de instalación de los 243 "espacios seguros" en 147 establecimientos que no informaron cuáles serán.

El proyecto mencionado está destinado a la guarda del equipamiento tecnológico del Plan Sarmiento, programa de la Ciudad que provee de notebooks a los alumnos y docentes, y otros elementos tecnológicos de mayor valor pertenecientes al establecimiento.

Por su parte, los gremios Ademys y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), exigieron que se debe respetar "el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes". Al mismo tiempo, advirtieron que se trata de un "negocio con empresas proveedoras" y de "un plan de control ideológico" a docentes.

La instalación de cámaras en las escuelas de la Ciudad no es una medida novedosa, es que en gestiones previas el PRO impulsó una iniciativa similar, asimismo, se vio limitado por un fallo judicial. Más precisamente, en el 2011 la jueza Elena Liberatori dio lugar a un amparo para frenar una medida propuesta por exministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro.

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