- Sociedad
- 20.11.2026
El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y reemplazó el régimen de emergencia
La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra, preservando las pensiones no contributivas, el nomenclador universal y la actualización por inflación.
El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo régimen de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad el jueves, en una sesión que se extendió por más de cuatro horas. La iniciativa obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra , lo que implicó el respaldo unánime de todos los bloques presentes en la Cámara alta. La nueva norma establece un régimen permanente para el sector y reemplaza el esquema de emergencia vigente, cuya duración estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.
El texto consensuado mantiene gran parte de las disposiciones que el Gobierno tuvo que aceptar durante el debate en la Cámara de Diputados, entre ellas la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y la implementación de un nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado.
Entre los aspectos más relevantes, la ley garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027. Asimismo, el proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo.
La norma mantiene las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo, su actualización por inflación, el nomenclador universal, el arancel unificado, la compatibilidad con el empleo formal hasta dos salarios mínimos y establece un plazo de 90 días para saldar deudas con prestadores, además de auditorías periódicas.
También se garantiza que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan acceso a las prestaciones básicas de la ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.
Para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro si éstas resultaran insuficientes. Además, la ley establece que el Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo máximo de 30 días.
Desde la oposición, legisladoras como Alicia Kirchner y Lucía Corpacci acompañaron la aprobación, aunque advirtieron que la sanción de la norma no resuelve automáticamente las dificultades que atraviesa el sector y que será necesario garantizar los recursos para su implementación.
La aprobación se produjo después de meses de reclamos de organizaciones, familias, profesionales y entidades vinculadas a la discapacidad, que advirtieron sobre las dificultades económicas para sostener tratamientos y servicios.
La aprobación representa además un cambio respecto de la posición que el Gobierno nacional había mantenido frente a la legislación de emergencia durante 2025, cuando el presidente Javier Milei había vetado aquella iniciativa.
Su implementación efectiva dependerá ahora de la promulgación, reglamentación y asignación de los recursos necesarios para cumplir con las prestaciones previstas.
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