Ciudad

Toma de colegios: el CELS denunció que el Gobierno porteño le envía cartas documento a las familias

El organismo de derechos humanos advirtió que la Ciudad está mandando cartas documento a madres y padres exigiendo un pago “por daños y perjuicios" y explicó que “hay que rechazar cada uno de los términos".



El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el Gobierno de la Ciudad envió cartas documento a padres y madres de estudiantes que participaron de las tomas de colegios porteños y señaló que es "un nuevo intento de generar temor en la comunidad educativa".

Ek organismo de derechos humanos advirtió que "el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está mandando cartas documento a padres exigiendo un pago por daños y perjuicios". 

"No hay que dar lugar a esta estrategia", sostuvo el CELS a través de su Twitter justo al posteo de una intimación presentada a una de las damnificadas. Y explicaron que “hay que contestar la carta rechazando cada uno de sus términos".



Días atrás, frente al anunció del Ministerio de Educación el organismo había afirmado que las denuncias del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contra los padres de los estudiantes que llevan adelante tomas en diferentes establecimientos educativos “no son viables jurídicamente”.

“No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño", señaló el el CELS a través de un hilo de Twitter y acusó al Gobierno porteño de buscar solamente "amedrentar", "generar incertidumbre" y "mostrar una imagen de dureza" frente a la opinión pública a costa del atropello de los derechos de los estudiantes, mientras las demandas que las originaron permanecen sin respuesta.

Los estudiantes continúan con el reclamo de viandas de calidad nutricional, mejores condiciones de infraestructura y se manifiestan en contra de las prácticas profesionales obligatorias. "Criminalizar protestas y atemorizar, en lugar de canalizar las demandas, busca mostrar una imagen dura que aparezca como garante del orden público. Esto implica restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta", explicaron desde el organismo.

Y agregaron: “Estas amenazas de criminalización, aunque no puedan prosperar judicialmente, buscan amedrentar a la comunidad educativa que apoya los reclamos y también generar incertidumbre en los chicos para que abandonen sus medidas". Sin embargo, el viernes durante una conferencia de prensa la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y el jefe de gobierno porteño ratificaron la decisión de cobrarle a las familias $1,5 millones por cada día de toma. 

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