Legisladora del FIT pidió repudiar el accionar policial contra el Colectivo de Discapacidad

Ayer, Colectivo de Discapacidad comenzó un acampe de tres días para denunciar la “situación crítica que están atravesando las personas con discapacidad sus familias y los prestadores de toda la Argentina”. La protesta fue rodeada por un fuerte operativo policial que llevó al repudio en las redes sociales.
 
Hoy la legisladora porteña por el PTS en el FIT, Alejandrina Barry, presentó un proyecto para que la Legislatura repudie el operativo intimidatorio ya que advierte que "resulta un hecho de extrema gravedad que la Guardia de Infantería, armada con escopetas, haya montado un operativo amenazante contra las familias, que el pasado 29 de agosto de 2022 llevaron su reclamo por los derechos de personas con discapacidad a la casa de gobierno".
 
Barry indicó que cuando la marcha se dirigía a Plaza de Mayo "un fuerte operativo de la Policía enviada por el Gobierno de la Ciudad rodeó de forma amenazante la marcha de niñas y niños discapacitados y sus familias. Resulta injustificable la escena provocada por la fuerza de seguridad porteña. Efectivos filmando a estos manifestantes (muchos de ellos menores de edad). Decenas de policías con escudos y palos en formación de escuadra".
 
"Esta Legislatura debe solidarizarse con este justo reclamo y manifestarse profundamente contrario a estas aberrantes prácticas de intimidación a los que luchan", exigió.
 
El sector de discapacidad mantiene reclamos que se agudizaron la semana pasada cuando el ministro Sergio Massa anunció un recorte en Salud, que repercute en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) por $10.000 millones de pesos. Uno de los usos de este Fondo es pagar prestaciones de alta complejidad, para discapacidad, entre otras.
 
Por su parte, las obras sociales atribuyen dicho incumplimiento en la cobertura a que el Gobierno nacional no gira los fondos. La Superintendencia de Servicios de Salud de nación no está liquidando lo ya facturado por los prestadores de las obras sociales, llegando en algunos casos a no cobrar desde hace 6 meses, mientras a muchos transportistas, que cumplen funciones de traslado programado, no les pagan desde el año pasado.